Los países del continente americano se reúnen estos días en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Allí celebrarán la VI Cumbre de las Américas, una cita que la diplomacia colombiana pretende que pase a la historia por la consecución de resultados, y no por la inclusión de bonitas promesas en la declaración final del evento, tal y como ha sucedido en las citas anteriores.
Cultivos de hoja de coca
Uno de los asuntos clave de este encuentro será el debate sobre las drogas. Por primera vez en la historia, un foro de presidentes se dispone a hablar, sin hipocresía y en un debate público, sobre un asunto que, sin duda, se ha convertido en un problema de seguridad nacional para muchos países del continente. Los gobernantes, a petición de las naciones de Centroamérica, se mirarán a la cara y se plantearán preguntas como éstas: ¿Ha fracasado el modelo actual de guerra contra el narcotráfico? ¿Es viable poner en marcha otros modelos que incluyan la despenalización del consumo, la regulación o incluso la legalización de las drogas?
Laboratorios clandestinos de cocaína
América tiene derecho a plantear el tema, porque los países del continente son víctimas de todo el proceso. Los países andinos, Colombia, Perú y Bolivia, ponen los muertos de origen. Ellos son, por ese orden, los principales productores mundiales de cocaína. Y en el caso colombiano, el narcotráfico sigue dejando miles de muertos cada año en una guerra en la que están involucrados, además de los cárteles del narcotráfico, los actores del conflicto armado que desangra el país, sobre todo, las guerrillas y los antiguos grupos paramilitares, que ahora prefieren llamar por aquí “bandas criminales”. Los países centroamericanos, débiles y pequeñas democracias, también están poniendo los muertos, porque por su territorio transita la droga que llega a México antes de cruzar la frontera estadounidense. Y en México, por supuesto, también se pasan el día enterrando víctimas en la durísima guerra que ha puesto en marcha el presidente Felipe Calderón contra los cárteles mexicanos. Esa guerra contra las drogas en el país azteca comenzó en el 2006. Desde esa fecha se han quedado por el camino 50 mil vidas, muchas de ellas decapitadas, descuartizadas o ejecutadas en un conflicto demasiado sucio como para entender de valores éticos o de las reglas de la guerra.
En Colombia, el presidente Santos ha tenido la valentía de no rehuir el debate. El mandatario dice que, en su país, la guerra contra las drogas, financiada en buena parte con los más de 6 mil millones de dólares que ha recibido de Estados Unidos dentro del llamado Plan Colombia, ha sido un éxito. Santos se agarra a las cifras que dicen que en la última década la producción de cocaína ha bajado a la mitad. Los expertos discuten esa afirmación y recuerdan que en los países andinos se ha producido un efecto burbuja. La presión militar en Colombia ha hecho que los cultivos crezcan exponencialmente en los países vecinos, sobre todo en Perú y en Bolivia. Y recuerdan también que el narcotráfico, un negocio sangriento y lucrativo del que se nutren también las guerrillas y los paramilitares, siguen alimentando un conflicto que no sólo deja muertos, sino también millones de desplazados.
Alijo de cocaína procedente de Colombia
La guerra contra las drogas, tal y como la conocemos hoy en sus vertientes de represión militar y criminalización del consumo, la puso en marcha Richard Nixon hace ya 40 años. Y cuatro décadas después, las cifras lo dicen todo. La revista Semana daba estos días unas cifras que explican por qué ha fracasado el modelo actual de lucha contra el narcotráfico: la cocaína se ha extendido a más países (en 1980 eran 44 y hoy son 180), el consumo se ha disparado (hoy cerca de 250 millones de personas consumen algún tipo de droga) y la guerra a muerte por el control de la producción y la distribución, por el control de ese negocio ilegal, hace que 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo estén en América Latina. Estados Unidos admite el costo en vidas y en dinero del actual modelo. Pero insiste en que cualquier otra alternativa que pase por la despenalización de las drogas o su legalización, tiene un coste todavía mayor en adicciones y gastos en el sistema de salud.
De otro lado, quienes apuestan por esta despenalización, regularización o legalización, lo hacen, también, convencidos. Dicen que, en cuanto se legalice esa sustancia y la oferta sea legal, se acabará el suculento negocio que alimenta a las mafias del narcotráfico. Y sin mafias del narcotráfico no habría guerra, ni lavado de activos, ni miles de muertos por el camino. Hace un par de años, tres ex presidentes latinoamericanos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano Cesar Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo ya pusieron este asunto a debate. Su propuesta pretende descriminalizar el consumo, porque no tiene sentido -afirman- encarcelar a quienes utilizan drogas, pero no hacen daño a otros. Los antiguos mandatarios dicen también que la droga es un problema de salud pública, y que los adictos deben ser tratados como enfermos, y no como criminales, porque la criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Su segunda recomendación apunta a la regulación de cierto tipo de drogas como la marihuana, de la misma manera que ya se ha hecho con el tabaco o el alcohol. Y apuntan que regular no es lo mismo que legalizar. Regular –dicen- es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto. Cardoso, Gaviria y Zedillo apuntan también esta conclusión: la reducción espectacular del consumo del tabaco demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento. Y la regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores, es decir, la regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga.
De todo esto se va a hablar en Cartagena, de cuál es el mejor camino para acabar con el problema: la prohibición, la regularización o la legalización. De la bella ciudad colombiana no saldrán conclusiones ni decisiones tajantes sobre el asunto. Pero se creará un grupo de trabajo que expondrá sus conclusiones en el plazo de un año. En Cartagena, al menos, se habrá acabado esa hipocresía de muchos mandatarios, que reconocían en privado que algo fallaba en el modelo actual de lucha contra las drogas, pero que no se atrevían a admitirlo en público. 40 años después de aquella doctrina Nixon, hay demasiado muertos en las cunetas como para romper el hielo, quitarse la máscara, y decirse a la cara lo que piensa cada uno sobre el tema. Sin tapujos, ni medias verdades.
Horas antes de que las FARC liberaran a los 10 últimos militares y policías que decían tener en su poder, la plaza central de Villavicencio, la ciudad donde aguardaban sus familias, presentaba el trasiego habitual: jubilados tomando el tinto mañanero, vendedores de fruta, lustrabotas buscando clientes de zapatos sucios y gente que cruza de un lado a otro por ese punto neurálgico de la ciudad, muy cerca del Ayuntamiento, los tribunales, la Gobernación o la catedral. Los jubilados, la mayoría campesinos de la región que saben muy bien qué significa medio siglo de guerra en Colombia, tenían el tiempo suficiente para hablar de paz, de si las liberaciones que tendrían lugar ese día eran un paso importante hacia el final del conflicto o simple y llanamente otro engaño de las FARC.
A ellos les pregunté esa mañana y las respuestas fueron contundentes, sin medias tintas, tal vez porque a esa edad en la que ya está más cerca el crepúsculo que el amanecer del día no hay disimulo que valga cuando se quiere opinar. La mayoría de los encuestados se mostró pesimista. No ven muy cerca la paz, pero difieren en las razones. Unos dicen que no habrá paz simplemente porque no creen en las FARC. La liberación de los secuestrados no es un gesto a aplaudir –aseguran- sino una obligación que tardaron entre 12 y 14 años en cumplir. Otros reiteran que el final del conflicto es una entelequia, porque mientras haya pobres y un país tan desigual, esa paz será ficticia y habrá gente que siga teniendo motivos para entrar en la guerrilla. Colombia, recordemos, es el segundo país de Latinoamérica con mayor desigualdad, con mayor brecha entre ricos y pobres, únicamente por detrás de Haití. Y el propio Presidente reconoció hace unos días que, o se cambia el rumbo y se logra que el crecimiento económico repercuta en todos los colombianos, o el país lleva el rumbo de superar a la paupérrima nación caribeña.
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
La discusión de los jubilados se dio en Villavicencio, pero probablemente, también, en muchos puntos del país. Los medios de Colombia han abierto de nuevo el melón de la paz, de su cercanía, de su viabilidad, de las posibilidades reales de fraguarse en el corto o el medio plazo, de las trabas que vendrán en el camino y de las que se están poniendo ya. Los políticos, por supuesto, han entrado en ese debate y el primero en hablar, también, fue el propio Presidente, que horas después de las liberaciones se subió a una tarima y le dijo al país que el gesto de las FARC era positivo, pero no suficiente.
Cuando se habla de paz, cada parte en conflicto plantea exigencias, condiciones para al menos sentarse a negociar. Juan Manuel Santos las dejó bastante claras: que las FARC liberen a todos los secuestrados civiles (las principales ONGs que estudian el tema los cifran entre 400 y 700), que dejen de reclutar a menores para el conflicto, que no se financien con el narcotráfico y que abandonen los atentados contra la población civil. La guerrilla, según varios expertos, exigiría como mínimo una verdadera reforma agraria que devuelva la tierra a los miles de campesinos que la perdieron a punta de pistola y que hoy son parte de los 5 millones de desplazados que se buscan la vida lejos de sus parcelas, en otros puntos del país. Todo el mundo sabe (el Gobierno y por supuesto también las FARC) que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que aprobó el Gobierno hace un año hace aguas por todas partes. Se ha entregado poquísimas parcelas, y los líderes campesinos que se atreven a reclamar sus tierras están cayendo como moscas a manos de los mismos victimarios que años atrás les robaron sus tierras apuntando sobre sus cabezas, con sutiles amenazas del tipo “te vas o te mato”.
Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", máximo jefe de las FARC
La última vez que el Gobierno y las FARC se sentaron a negociar fue durante las conversaciones de paz del Caguán, a finales de los 90 y principios de la década del 2000. Era una época en la que la guerrrilla casi somete al Estado, incapaz de controlar a una insurgencia que dominaba amplias zonas de Colombia. Para poder negociar, el entonces presidente, Andrés Pastrana, desmilitarizó una región del sur del país del tamaño de Suiza. Y en esa pequeña Suiza las FARC hicieron lo que les vino en gana, básicamente, reforzarse, aumentar el número de la tropa hasta casi los 20 mil hombres, seguir secuestrando y llenar sus arcas con el dinero del narcotráfico. Ese intento de paz se fue a pique, las FARC engañaron a Pastrana y al país, y por eso hoy la memoria colectiva de los colombianos sigue viendo con escepticismo cualquier mención a las negociaciones de paz.
Y sin embargo, ¿es posible alcanzar la paz? Hay factores para ser optimistas. Las fuentes cercanas a Juan Manuel Santos afirman que el mandatario quiere pasar a la historia como el Presidente que ponga fin a esta guerra. Santos, además, tiene hoy una popularidad que supera el 75%, un importantísimo aval para convencer al país de que la guerra se puede acabar. Y el actual jefe de la guerrilla, alias “Timochenko”, es uno de los miembros del Secretariado (el órgano de decisión de la guerrilla) que piensan que la revolución con la que soñaron ya no es posible, que tal y como están las cosas pueden seguir combatiendo por un reparto más justo de la tierra, pero que realmente es improbable que con el fusil al hombro puedan tomarse el poder. La guerrilla no está muerta, ni mucho menos. Es cierto que sus principales jefes murieron, rodeados o bombardeados, en los últimos tres años; es cierto que ya no tiene 20 mil sino 7 mil hombres armados, que sus hombres ya no pasan más de dos noches seguidas en un campamento por miedo a un bombardeo aéreo como el que mató a Raúl Reyes, al Mono jojoy o a más de 70 guerrilleros en las últimas semanas. Es cierto que la superioridad tecnológica del Ejército está golpeando muy duro a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero no es menos cierto que ahora se mueven en grupos más reducidos y mucho más móviles, y con esa nueva guerra de guerrillas siguen causando bajas a la tropa oficial. 2011 fue el año con más bajas en el ejército desde 2003, cuando empezó la política de seguridad democrática con el presidente Álvaro Uribe. En los últimos meses, además, las FARC han multiplicado los ataques contra los oleoductos e instalaciones petroleras, el nuevo motor económico del país.
Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, alias "Tirofijo"
Y en esa tesitura nos encontramos ahora. Pasamos de escuchar un duro golpe contra la guerrilla a una respuesta brutal de las FARC. Caen 30 guerrilleros en un bombardeo del Ejército y al día siguiente mueren 11 soldados en una emboscada de las FARC. ¿Por qué esta lógica de ataques y contraataques? Muchos expertos dicen que ambos bandos quieren demostrar su fuerza de cara a una posible negociación de la paz. El Presidente Santos siente que tiene la sartén por el mango, y eso implica que si se sienta a negociar no cruzará líneas rojas: no entregará territorio desmilitarizado a la guerrilla y sólo aceptará una agenda muy recortada. Todo el mundo da por supuesto que Santos, que ahora está en la mitad de su mandato, se presentará a la reelección. Y eso indica que, si se la juega, lo hará en el segundo mandato, porque todavía la paz está verde y hablar de negociación le costaría un alto precio político, sobre todo entre los sectores más conservadores de un país tan conservador como Colombia.
Parece poco probable que a corto plazo podamos veamos el fin de esta guerra. Y habrá que ver si Santos se la juega más adelante. Ojalá no lo haga demasiado tarde, para que al menos los jubilados de Villavicencio se vayan al otro lado con la alegría de ver, medio siglo más tarde, que el adiós a las armas fue posible en un país donde pocos apostaban por jugarle a la paz.
Aquel martes por la tarde, Jennifer cumplió el ritual. La niña de 8 años esperó la llegada de su padre, que ese día abrió la puerta de casa un poco más tarde de lo normal. El intendente jefe de la Policía Carlos José Duarte se tendió en la cama, como era costumbre, y le pidió a Jennifer que diera inicio a la rutina habitual. La niña se descalzó y de un salto ya estaba sobre el colchón. Luego comenzó a andar sobre la espalda de su padre, de arriba abajo y de abajo arriba. Las caminatas de Jennifer eran la mejor terapia para Carlos, porque las plantas de los pies de la pequeña le daban el masaje necesario en unos músculos que acumulaban demasiadas tensiones tras una larga jornada laboral.
Jennifer, su hermano y su hija, días antes de las liberaciones
Aquel 9 de julio de 1999 las caminatas se interrumpieron sin previo aviso. Llegó el 10 de julio, y luego el 11. El 11 dio paso al 12 y el 12 al 13. Los días iban cayendo, luego los meses y después los años. Y cada tarde Jennifer se preguntaba por qué no se abría la puerta de la casa, por qué no concluía el viaje que, según le contaron, había emprendido su papá. El 10 de julio de 1999, a la hora del masaje, Carlos José Duarte caminaba, con las manos atadas y a punta de pistola, hacia un punto indeterminado de las selvas de Colombia. Horas antes, un grupo de guerrilleros tomó la estación de policía de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Los policías que no murieron fueron secuestrados por las FARC. Tres años antes, en 1996, la guerrilla había iniciado los secuestros masivos de uniformados y de políticos. Cientos de personas terminaron desfilando, tras largos días de caminatas, hacia los campamentos guerrilleros. Allí llegaban como rehenes y como un preciado botín para la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los ponían de anzuelo para presionar políticamente al Gobierno y para canjearlos, en lo que se ha llamado intercambio humanitario, por cientos de guerrilleros presos en las cárceles del Estado.
Casi 13 años después, Jennifer, su madre y su hermano esperaban el regreso del padre en una sala reservada del aeropuerto de Villavicencio. Carlos José Duarte era uno de los 10 militares y policías que prometió liberar la guerrilla, y ese día llegaría en un helicóptero brasileño con el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nadie, salvo los familiares, pudo ver el reencuentro, porque esta vez el Gobierno impidió que las familias se abalanzaran sobre los liberados en plena pista del aeródromo. Carlos regresó a la libertad. Y lo hizo como todos, con más arrugas, más canas y menos peso, y con esa cara de alegría indisimulada y de cansancio acumulado que traen todos los secuestrados.
Carlos José Duarte (izquierda) y su hijo, un día después de las liberaciones
Un día después, Jennifer era un manantial de felicidad mientras observaba, en un lateral del patio central de la Dirección General de la Policía, la rueda de prensa de Carlos y de sus compañeros de cautiverio. Jennifer, que hoy tiene 21 años, escuchó las palabras del papá: su convicción de que la guerrilla está débil, pero no muerta; las dificultades para moverse que tienen las FARC; el miedo a los aviones, que les lleva a no estar más de dos noches en el mismo campamento. Jennifer escuchaba todo esto, probablemente, echando la vista atrás. Mirando la cara de un hombre que pasó la mayoría del tiempo en cautiverio encadenado, y que leyó la última carta que le envió su hija un día lejano de 2001. Durante el secuestro de Carlos, Jennifer acabó la primaria, sopló 13 veces, una por año, las velas de un pastel, celebró la fiesta de 15 sin bailar con su padre, y fue madre de una niña que acaba de cumplir 3.
Jennifer y los cientos de niños que crecieron mientras sus padres se pudrían encadenados en la selva, son lo que en Colombia llaman hoy “los hijos del secuestro”. Una generación de niños que creció sin padres, y que ahora, de la noche a la mañana, tienen en casa a una figura que desconoce gran parte de sus vidas. Y más allá de la felicidad puntual e inevitable del reencuentro, los secuestrados y sus familias inician ahora un proceso delicado y complejo: la terapia del reencuentro. ¿Cómo ubicar a una persona que salió hace 10,12 o 14 años de su casa y que jamás regresó?. ¿Cómo contarle el paso del tiempo, los sueños, los fracasos, las alegrías y las tristezas, los amores y desamores, los recuerdos y los planes de futuro?.
Los psicólogos dicen que los secuestrados se consideran, ellos mismos, muertos en vida. Vagan por la selva obedeciendo el dictado de un hombre armado sin más esperanzas que llegar vivo al día siguiente, sabiendo que su vida depende de la voluntad ajena del comandante o el carcelero de turno. Y sabiendo también que los intentos de fuga suelen terminar con un consejo de guerra que te declara extraoficialmente muerto antes de que te amarren a un palo y sientas, por ese orden, el ruido del disparo, el escalofrío y el calor de la bala que penetra en tu cuerpo y te declara, esta vez sí, oficialmente muerto. Por eso, dicen también los psicólogos, la gran mayoría de los secuestrados ven la liberación como una especie de resurrección a la que no es fácil acostumbrarse. Los secuestrados llegan a un mundo extraño, no al que dejaron atrás más hace más de una década. Se sienten como fichas nuevas en un tablero que desconocen. Desconocen a la mayoría de sus hijos, que tenían muy pocos años, meses, o estaban en gestación cuando fueron apresados. Y se encuentran con la realidad de que no todos los esperaron. Hay mujeres que rehicieron sus vidas, e hijos que deben asimilar de mayores la figura de un padre que casi nunca tuvieron.
Los psicólogos dicen también que, tras un período de euforia, luego llega lo peor. Entre los antiguos secuestrados se multiplican los casos de depresión, estrés postraumático, esquizofrenia y falta de sueño. Enfermedades que no se curan de la noche a la mañana y que exigen a las familias otra dosis extra de paciencia. Pero eso, el apoyo de las familias y la paciencia, son los pilares que permiten la recuperación. Antes vendrá una dura rutina difícil de asimilar para los secuestrados y, por su puesto, para las familias. El protocolo médico dosifica las visitas. Durante 15 días los ex secuestrados vivirán en un hospital, sometidos a intensos chequeos médicos y psicológicos y con visitas restringidas de sus seres queridos. Eso lo cuenta, por ejemplo, Alan Jara, un político que compartió cautiverio con muchos de los 10 uniformados que acaban de liberar, a los que daba clases de ruso para matar el tiempo mientras los días pasaban en la espesura de la selva colombiana. A Alan lo liberó la guerrilla hace ya unos tres años, y en ese tiempo ha podido reintegrarse a su familia y al mundo de una manera ejemplar. Alan retomó su vida política, se presentó a unas elecciones y hoy es el gobernador del departamento del Meta, esa región al sur de Bogotá donde viven 7 de las 10 familias de los últimos secuestrados.
Carlos José Duarte, en una prueba de vida durante su cautiverio
Estos años, Alan ha estado en permanente contacto con Jennifer y con su madre, Gloria Marín, una mujer que ha combatido la ausencia de Carlos trabajando como gestora de paz y pensando que, algún día, volvería a una pista de baile con su marido para bailar salsa, para “gozarla y azotar baldosa”, como dicen por acá. Y Alan les habrá dicho que todo llevará su tiempo, que habrá que ir piano piano, pero que, por qué no, Gloria y Carlos volverán a dejarse llevar juntos con algún tema de Joe Arroyo, mientras la hija de Jennifer duerme y guarda energías porque al día siguiente su abuelo le dirá que se descalce y comience a trepar por su espalda.
Algo ha cambiado en Ollanta Humala desde aquel cierre de campaña en una céntrica plaza limeña, cuando cientos de seguidores enarbolaban banderas rojas bendiciendo las palabras del entonces candidato desde el balcón.
De su boca salieron frases de aliento para los pobres y duros ataques a las grandes empresas extranjeras, aquellas que durante años expoliaron los recursos naturales del país y se llenaron los bolsillos –decía el candidato- sin dejar ni rastro de progreso social en aquellas zonas donde trabajaron.
Seis meses después, el Presidente Humala se sube a un avión rumbo a Europa. Y lo hace para convencer a los empresarios de Davos y a los que verá en Madrid, de que Perú es un buen lugar para invertir ahora que en la vieja Europa corren aguas turbulentas por los senderos del euro. Humala “vende” un país con un crecimiento económico que casi roza el 6%, con seguridad jurídica, con recursos naturales y con grandes posibilidades de futuro, porque hay mucho por hacer y porque la mitad de la población , que sigue siendo pobre, saldrá algún día de ese estado para convertirse en consumidor.
Hay quien acusa al presidente de girar a la derecha por colocar a políticos liberales en importantes puestos del gabinete económico. También por no frenar el proyecto minero Conga, en Cajamarca, uno de los más de 250 conflictos sociales que siguen abiertos por todo el país, allá donde la población indígena sigue privilegiando el agua para consumo, para riego y ganado, frente a las minas de oro que no llenan sus estómagos.
El presidente, sin embargo, mantiene que su gran objetivo no ha cambiado, que sigue luchando por la inclusión social de esa mitad del Perú que vio de lejos el crecimiento económico porque nunca escuchó el sonido de la plata a su bolsillo.
Ese Ollanta que rechaza definirse de izquierda o de derechas, que se siente “de abajo”, llega ahora a España para contar a los empresarios que allende el Atlántico hay un buen lugar para invertir. Eso sí, en condiciones de igualdad y promoviendo el desarrollo social. Se acabaron, deja caer, las vacas gordas de aquella primera oleada empresarial que hizo enormes fortunas sin invertir en las comunidades pobres. Ese Ollanta que busca equilibrios moviéndose entre dos aguas, bendecido al tiempo por los que menos tienen y por los agentes de Wall Street, aterriza en Madrid para presentar un país que él define como la puerta de América para la inversión española. Una puerta con mirador de lujo, porque el Pacífico peruano apunta directamente a esa región de Asia por donde suena, cada vez más cerca, el latido de China, el gigante que amenaza con mover el corazón del mundo. De su viaje a España y de su manera de entender el Perú habla el Presidente con TVE.
Televisión Española: Lo primero de todo, Presidente, empezando por lo más cercano, por esta gira que le llevará a Europa, a Davos y a España, ¿Qué espera de esta visita?
Ollanta Humala: Que nos conozcan más y que vean que Perú es hoy una puerta a un conjunto de inversiones en Latinoamérica. Y con toda humildad señalamos que es la puerta principal. Puede haber ventanas, puertas secundarias, pero creo que hoy día la economía peruana es una economía fuerte, sólida, y tenemos un gran potencial para mejorar nuestras relaciones comerciales con Europa.
TVE: El miércoles se verá con el nuevo Presidente del Gobierno español, con Mariano Rajoy. Supongo que la agenda será abierta, pero muy probablemente traten las posibilidades de inversión para las empresas españolas en Perú…
O.H. Es una agenda abierta, vamos a conocernos, pero ya España es uno de los principales socios en inversiones y en cooperación de la Unión Europea con el Perú, hay muchas empresas españolas que ya están invirtiendo. Tenemos que hablar sobre temas como la responsabilidad social, el rol de las empresas en el desarrollo del país, cómo trabajamos el tema de transferencias tecnológicas, que es lo que nos interesa a nosotros, entre otros temas.
TVE: ¿Qué ofrece Perú, por qué este país es tan atractivo para invertir?
O.H. Lo que van a encontrar acá, y ya lo están encontrando, es una economía estable, hay una política macroeconómica que genera confianza, sobre todo en épocas de tanta turbulencia económica como la que se está viviendo en Europa. Hay que recordar que Latinoamérica ha puesto las cuentas en azul a muchas empresas españolas que estaban para finalizar el año 2011 en rojo. Creo que Latinoamérica y el Perú es un gran mercado, tenemos ingentes recursos naturales y queremos trabajar de la mano, como socios, con las otras empresas de Europa. Eso sí, bajo un principio de equidad y reciprocidad.
TVE: ¿Y en qué sectores pueden colaborar las empresas españolas para que Perú dé ese salto definitivo a la modernidad?
O.H. Ya están trabajando en el tema de servicios, como en la telefonía, están conversando por ejemplo con Petroperú para aumentr y ampliar refinerías como la de Talara. Y hay una serie de espacios, como es el tema de la infraestructura, de la energía, en el cual las empresas españolas pueden trabajar con nosotros, pero además a nosotros nos interesa mucho el intercambio cultural, el tema educativo y de salud.
TVE: Presidente, ¿Cómo se han comportado hasta ahora las empresas españolas aquí en Perú? ¿Qué espera de ellas en el futuro?
O.H. Pero... ¿ quieres que les ponga una nota ahorita o mejor después de mi viaje a España?
TVE: Como quiera…
O.H. No haría yo una calificación por capitales, por las empresas españolas frente a las empresas de otro país, yo creo que cada empresa tiene un sentido de responsabilidad social. Ccreo que, de manera general, están entendiendo que el rol de la empresa hoy día es muy distinto al de hace 20 o 30 años. Y eso es para mejor.
TVE: Tanto España como Perú están pidiendo que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre la Unión Europea y su país. ¿En qué puede beneficiar este TLC a las dos partes, y en qué le puede perjudicar?
O.H. Primero, la pelota está en la cancha de Europa, y es ahí donde tiene que definirse si quieren o no quieren seguir este camino. Yo creo que puede beneficiar, sobre todo porque abre un espacio importante hacia el futuro. Nosotros tenemos grandes comunidades, peruanos y peruanas que están en Europa, y que están tratando de desarrollarse.
Además de eso, lo que yo veo es que así como vienen empresas españolas al Perú, también podamos invertir nosotros en España y en Europa. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio no es la panacea. Yo he sido muy crítico con los tratados de libre comercio, tengo algunas observaciones, pero creo que es un instrumento que si lo sabemos emplear bien, puede mejorar nuestras condiciones económicas y comerciales. Pero... sobre todo, no hay que dejar de lado el tema cultural, que es lo que consolida las relaciones. Hoy España tiene una política acertada en la relación que tiene con Latinoamérica. Hemos visto cómo en las Cumbres Iberoamericanas siempre está presente el Rey de España, hemos visto cómo el Príncipe está presente en los cambios de mando. Por lo tanto, España tiene una posición inteligente frente a América Latina y mantiene esa relación de fuerza que hoy día es una fortaleza para España frente a otros países europeos que no han mantenido esa relación.
TVE: Acaba de decir que usted es, en parte, crítico con ese TLC, ¿qué parte no le gusta de ese Tratado?
O.H. Con los TLCs en general he sido crítico en el sentido de que lo que yo busco en los Tratados de Libre Comercio es que puedan permitir que el Perú salga de la matriz primaria exportadora. Creo que los países que han renunciado a romper esa matriz y a dedicarse a exportar materias primas, tienen un camino muy difícil.
Creo que el secreto o la clave para poder desarrollarse es la inversión en tecnologías, en darle valor agregado a los productos, y esa ha sido siempre mi observación a los Tratados de Libre Comercio. Hoy día estamos imprimiendo una fuerza a nuestras exportaciones, de tal manera que el 30% de lo que exporta hoy el Perú, va con valor agregado. Son en muchos casos exportaciones no tradicionales.
Presidente, usted lleva medio año en el poder, pero heredó de los gobiernos anteriores un problema muy serio como la conflictividad social, los conflictos abiertos en varios puntos del país, sobre todo relacionados con la minería. ¿Cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo conjugar la importancia que tiene la minería para Perú, para sus exportaciones, con la sostenibilidad del medio ambiente, que es lo que piden las comunidades indígenas que viven en las zonas donde está la minería?
O.H. A través del diálogo. Fundamentalmente el diálogo es lo que nos puede llevar a lograr un entendimiento. Nosotros siempre hemos sido críticos con la actividad minera irresponsable. Sabemos que hoy más del 50% de las exportaciones se sostienen sobre las explotaciones mineras. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que esas utilidades, que esas rentas que nos da la minería, pueda ser utilizada en diversificar la economía, cosa que nunca se ha hecho. Es uno de los puntos clave del cambio en el país.
El país, con Gobiernos anteriores, se había dedicado a acostumbrarse a vivir de la renta minera sin buscar diversificar la economía. Y eso nos pone en una situación que depende de los precios de los minerales en el mundo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar que la economía peruana se sostenga también en la agricultura, en la ganadería, en la innovación tecnológica.... a eso tenemos que llevar nuestra renta minera. En tercer lugar, para nosotros es fundamental entender que el agua es la primera prioridad, el agua es el consumo humano y las actividades renovables, y finalmente las actividades no renovables. Lo que tenemos que generar es confianza, solucionar este estrés hídrico que vive la población, donde hay zonas con agua pero no tienen agua… El agua está corriendo hacia la cuenca del Atlántico o del Pacífico, pero no va a sus campos, no va a su caño, a su grifo, porque no ha habido una cultura de represamiento de agua. Estamos trabajando ese tema para proveer a las poblaciones altoandinas más desprotegidas, el agua, que es el recurso vital.
TVE: ¿Perú se enfrenta, como han publicado algunos medios, a esta disyuntiva de oro o agua?
O.H. El Perú siempre ha vivido con el oro y el agua, pero en permanente conflicto, porque el poder económico de las mineras siempre ha sido más fuerte que el poder económico que pudiera tener la agricultura. Y eso, con gobiernos débiles o Estados que no han buscado la inclusión social, lo que ha generado es que el Estado ha legitimado esa relación asimétrica. Lo que nosotros tenemos que hacer es corregir eso, y para eso planteamos, por ejemplo, que los proyectos de carácter minero, vayan acompañados de lo que es el desarrollo sostenible con actividades renovables como es la ganadería, la agricultura. Eso permite dos cosas: la primera es un mensaje de que la minería puede convivir con la agricultura y la ganadería, con el agua; y lo segundo es darle mayor legitimidad a los estudios de impacto ambiental, porque es una forma de demostrar que el impacto al medio ambiente permite actividades renovables
TVE: Presidente, una de las grandes promesas que usted lanzó durante la campaña electoral, y que luego ratificó durante su discurso de investidura, fue la lucha contra la pobreza. ¿qué puede hacer Ollanta Humala para resolver ese problema que no supieron resolver del todo los anteriores presidentes?
O.H. Ya lo estamos haciendo, a través de las medidas de inclusión social, por ejemplo, hemos creado el Ministerio de la Inclusión Social, la inclusión y el desarrollo social, que está concentrando los principales programas sociales. Hoy estamos invirtiendo con mucha fuerza en un programa de desayunos y almuerzos escolares, para toda la etapa escolar, y no como se hacía antes... que era una comida al día y por cerca de 60 días. Hoy día nosotros estamos planteando toda la etapa escolar, con dos comidas al día: el desayuno y el almuerzo para nutrir a nuestros chicos. Además de eso, en marzo estamos inaugurando el programa Cuna Más, que va a hacer guarderías infantiles, y de prestación de atención y estimulación temprana a los niños de la primera infancia. Hemos inaugurado y puesto en ejecución el programa Pensión 65, que es una retribución económica a los mayores de 65 años que no tuvieron oportunidad de cotizar y que viven en las bolsas de la extrema pobreza.
Todas estas medidas son justamente para achicar la brecha de la pobreza y de la desigualdad. Estamos invirtiendo con gran fuerza en educación y salud. Hemos hecho un aumento histórico en el presupuesto de Educación y Salud, como no se ha hecho por lo menos en 20 años atrás Y estamos creando una red de escuelas rurales para darle mayor calidad a la educación.
TVE: ¿Ese sigue siendo el principal objetivo de su mandato, la reducción de la pobreza?
O.H. Así es, a través de la lucha contra la desigualdad, porque la pobreza muchas veces ha sido manoseada políticamente a través de cifras estadísticas, pero no definimos qué es la pobreza. Unos la definen por la cantidad de calorías que ingiere una persona diariamente, otra por la canasta básica familiar de bienes y servicios.
Creo que una transformación profunda apunta a achicar la brecha de la desigualdad y eso va a generar una serie de temas como es la disminución de la pobreza. Esto implica también los programas de empleo, la generación de empleo que estamos haciendo a través del ministerio de Trabajo, focalizando en la población más joven del país
TVE: Presidente, hay quien le acusa de dar un giro a la derecha desde que llegó al poder. Digamos que durante la campaña era usted muy crítico con las empresas transnacionales, y cuando asume el poder, le critican que haya dado el visto bueno al proyecto minero de Conga, en Cajamarca. Parece ser también que entre las capas bajas de la población, la que más le votó en las elecciones, ha disminuido su popularidad….
O.H. Lo primero, yo no le he dado la viabilidad al proyecto minero de Conga. Eso no es cierto. El proyecto Conga viene desde el año 2004. Los otros Gobiernos le dieron la viabilidad, a mi me dejaron una criatura que tiene seis meses de gestación, entonces, yo no voy a hacerle el aborto a esa criatura. Lo que yo tengo que ver es que ese proyecto, que ya tiene más de 7 años de viabilidad, resuelva todos los cuestionamientos y dudas legítimas que pueda tener en la población. Pero no confundamos intereses particulares de grupos políticos que quieren hacer de esto un tema de campaña política electoral para el 2014 o 2016. En segundo lugar, ¿Qué es la derecha? Primero definamos qué es la derecha o qué es la izquierda…
TVE: ¿Usted se define de izquierda, de derechas, de centro…?
O.H. De Abajo, yo me defino de abajo. En Perú, hablar de izquierda o derechas es un tema del pasado, de gente que no ha cambiado todavía y son como esos soldados de la segunda guerra mundial, que no se habían enterado que se había acabado la guerra y seguían defendiendo su isla. ¿Dónde está la izquierda, dónde está la derecha? Yo creo que hay que darle un espacio a lo que es el nacionalismo andino. Creo que al plantear solamente dos cosas, es como si no existiera otra opción. Y yo soy un nacionalista, bajo el concepto de un nacionalismo integrador, que es distinto al nacionalismo que se ha vivido en Europa, es otro tipo de nacionalismo.
Nosotros, como nueva fuerza política, hemos recogido las banderas de la justicia social, que es lo que estamos haciendo.Yo no estoy ahora para perder el tiempo en luchas ideológicas que lo único que hacen es dividir al Perú. Lo que yo quiero es unir al Perú, y tengo que gobernar para los 30 millones de habitantes, donde hay gente de izquierzas y gente de derechas. Yo me debo al pueblo peruano y esa es mi principal tarea.
TVE: ¿Y cómo querría que lo recordara el pueblo peruano cuando termine su mandato?
O.H. Como un buen presidente, que cumplió lo que ofreció al país.
El general venezolano Henry Rangel Silva habrá leído, probablemente, El general en su laberinto, la obra de García Márquez que relata el último viaje de Simón Bolívar, desde Bogotá hacia la costa colombiana. En esas páginas Gabo no deja muy bien parado al Libertador. Alguien dijo que ese libro traza más “la desesperanza, la soledad y la muerte” que “el amor, la salud y la vida” del gran héroe de los procesos de independencia.
Henry Rangel y Hugo Chávez
Rangel Silva, como todo alto cargo del gobierno bolivariano, habrá compensado ese retrato triste de Bolívar con decenas de biografías donde se alaba su figura, ensalzada hasta la saciedad y casi hasta el paroxismo desde que el presidente venezolano comenzó a gobernar, allá por 1999. El general Silva habrá leído, pues, la delgada línea que separa el éxito del fracaso. Y probablemente hoy se esté mirando en ese espejo de la historia, que le juzgará por lo que haga en el futuro y que ya le ha marcado, de alguna manera, por lo que hizo en el pasado.
Henry Rangel Silva es, desde esta semana, el nuevo Ministro de Defensa de Venezuela. Alguien puede pensar que es un cargo con un poder relativo, habida cuenta de que en ese país todo parece girar en torno a Hugo Chávez, la única estrella de la constelación venezolana. Más aún teniendo en cuenta que Chávez es un militar de carrera, y que las grandes decisiones en materia de Defensa las sigue tomando él. El presidente, sin embargo, se ha rodeado de un hombre leal, “un buen hombre y un buen soldado”, según sus propias palabras. La lealtad se la ganó Silva acompañando a Chávez en aquel golpe de Estado fallido de 1992, y sufriendo tras las rejas las consecuencias de aquella aventura fracasada. El general acompañó a Chávez desde entonces, y desde entonces ha ascendido como la espuma en el estamento militar.
Rangel y la edición de Semana que revela sus contactos con las FARC
Pero su historia está jalonada también de episodios oscuros. Los periódicos han desempolvado archivos para contar que, según el F.B.I., Rangel Silva fue el hombre clave en aquel episodio del maletín cargado con 800.000 dólares que aterrizó en Argentina para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. La prensa destaca también que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido incluyen a Rangel como un elemento clave en el Cártel de los Soles. Ese término se utilizó hace unos años para designar la complicidad del Ejército venezolano con el narcotráfico, y provocó su inclusión en la lista Clinton. Lo que no estaba claro era su papel en ese otro laberinto que relaciona al Gobierno de Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC.
La revista Semana, probablemente el medio de comunicación más respetable que existe en Colombia, publica estos días datos reveladores. Datos que aparecen en el ordenador de Rául Reyes, el antiguo número dos de la guerrilla abatido en Ecuador. Según esas filtraciones, el general Rangel Silva fue, hace unos años, la clave de una prolongada relación entre las FARC y el Gobierno venezolano. Silva, por ejemplo, y siempre según esos datos, facilitó la falsificación de documentos para que los guerrilleros pudieran comprar armas en Venezuela. Y él mismo se reunió varias veces (al principio, sin que lo supiera el propio Chávez) con el entonces miembro del Secretariado Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el nuevo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Hay quien piensa que todos esos antecedentes volverán a “embarrar”, como dicen por acá, las relaciones entre Colombia y Venezuela, dos países que comparten dos mil kilómetros de frontera por donde todo el mundo sabe que se mueven, con mayor o menor dificultad, elas guerrillas del ELN y las FARC. Pero hay quien dice también que Santos y Chávez no caerán en provocaciones y seguirán siendo buenos amigos, convencidos como están de que lo importante es relanzar las relaciones económicas sin meterse en los asuntos internos del país vecino. Otros, simplemente, ven el nombramiento del nuevo ministro en clave interna. Rangel Silva dijo hace unos años que el Ejército venezolano era “revolucionario y bolivariano”, y que no permitiría un Gobierno de la oposición. Y esas palabras resuenan ahora con más fuerza, porque estamos en un año electoral. En octubre se elige presidente y la oposición ya ha pedido al Gobierno que explique los antecedentes del nuevo Ministro de Defensa.
Como a Bolívar, será la historia la que juzgue a Rangel Silva, el lugarteniente y el escudero de Hugo Chávez, tan ligado al Presidente que su destino probablemente corre ligado al de él. Y será la historia, también, la que nos diga si el general, finalmente, saldrá indemne de su propio laberinto.
La versión latina de Los enamoramientos, esa joya en forma de libro que nos regala Javier Marías, bien podrían protagonizarla Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. Los presidentes de Colombia y Venezuela parecen hoy dos auténticos enamorados. Ese sentimiento, ese estado del alma, les lleva hoy por el camino dulce de la comprensión y el entendimiento. Pero también, como en la novela, les ha llevado en el pasado al odio y al desafecto, al silencio y al mutismo cuando las cosas no iban tan bien.
Los enamoramientos se magnifican cuando el corazón que late sin tregua pertenece a un Presidente. Lo que surge de ese cruce de miradas cobra otra dimensión. Pero, así como los enamoramientos justifican las cosas nobles y desinteresadas, explican también los mayores desmanes e incluso justifican más de una ruindad. Hace un par de años, nuestros “enamorados” tuvieron una gran crisis. Chávez llamó a Santos Ministro guerrerista, cuando su nuevo amor colombiano era la cabeza visible de departamento de Defensa en el Gobierno del ex presidente Uribe. La crisis, a cuenta del bombardeo al guerrillero Raúl Reyes en suelo ecuatoriano, casi deriva en una guerra regional.
El tiempo sin embargo curó las heridas y aquel duro encontronazo se solventó. El amor surgió de nuevo cuando Santos fue proclamado presidente en agosto de 2010. Su primer gesto, cuatro días después de su discurso de investidura, fue invitar a su amor venezolano a Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar, para escenificar ante el mundo que el amor está en el aire y que el aire que apenas corre por el Caribe podía reconducir su relación. Aquella fue la primera cita, el primer baile pegado, diríamos casi que la pedida de matrimonio. Los invitados, no obstante, se dieron cuenta de que en aquellas caricias no todo era amor. Previamente los novios hicieron números y se dieron cuenta de que sin plata la cosa no pintaba demasiado bien. No se podía organizar la boda cuando las relaciones comerciales habían tocado fondo. Venezuela y Colombia tuvieron intercambios de 7 mil millones de dólares en 2008. Y esos intercambios cayeron a 1700 millones en 2010. Todo a cuenta de la falta de amor de Chávez con Uribe, con el que llegó a romper relaciones en algo más que una discusión vecinal.
Las relaciones se restablecieron en esa cita de Santa Marta, donde los novios pusieron de nuevo las bases de su futura relación. Desde entonces no han faltado las carantoñas, los gestos, las miradas y los mimos, escenificado todo en tres cumbres bilaterales y en muchos encuentros de quienes en realidad han ejercido de padrinos: el canciller venezolano Nicolás Maduro, y la ministra de Exteriores colombiana María Ángela Holguín.
Y así llegamos a la boda, celebrada este lunes en la ciudad de Caracas. Los novios se repartieron parabienes y elogios ante decenas de invitados. Y el amor rindió sus frutos. Chávez y Santos firmaron importantísimos acuerdos comerciales para reactivar el comercio en la frontera. Más de 3.500 productos podrán cruzar de un lado a otro sin pagar aranceles. Los novios, ya formalmente casados, anunciaron a bombo y platillo otro proyecto en común: pusieron las bases para construir un oleoducto que llevará el petróleo de la faja del Orinoco venezolano hasta el puerto de Tumaco, en el Pacífico colombiano. Y por si fuera poco Chávez prometió consolidar su amor repudiando las malas amistades, como el nuevo jefe de las FARC, que se esconde en Venezuela. Y Santos hizo lo propio agradeciendo a Venezuela la captura de “Valenciano”, uno de los narcotraficantes colombianos más buscados por su alianza con los Zetas mexicanos y con varias bandas de Centroamérica.
La fiesta continúa en el Palacio de Miraflores. Los invitados sonríen y bailan. Todos disfrutan del momento y nadie se para a pensar qué pasa por la cabeza de los novios, ni cuánto les durará el amor.
Hay días en que la guerra se vuelve más sucia de normal. Hay noticias que me revuelven las tripas, que me hacen pensar si el conflicto colombiano puede degradarse todavía más, si lo peor de la condición humana ha tocado fondo del todo, o si nos esperan más tardes de titulares tristes y fríos. Fríos, sobre todo fríos. Porque a uno se le hiela un poco la sangre imaginando esa escena que ayer se dio en las selvas del sur del país. Cuatro uniformados secuestrados desde hace más de diez años, ejecutados, sin contemplaciones, por un pelotón de la guerrilla. A los verdugos no les tembló el pulso. Recibieron la orden, apretaron el gatillo y les dieron los tiros de gracia. Tres cautivos murieron de un disparo en la cabeza. El cuarto, de dos tiros por la espalda. Todos estaban encadenados.
Secuestrados asesinados por las FARC
La ley de las FARC es así de simple. La ley de las FARC es así de cruel. Si el Ejército intenta liberar por la fuerza a los secuestrados, hay orden de ejecutarlos. Lo saben todos los guerrilleros. Lo saben porque quien incumpla esa orden será ajusticiado también. Lo sabe el Ejército y lo sabe el Gobierno. Lo saben porque lo han escuchado de varias fuentes: de los desmovilizados de la guerrilla, de los discos duros incautados a los jefes de las FARC, de los secuestrados que consiguieron salir de la selva con vida. No es la primera vez que la guerrilla ejecuta a los rehenes cuando ven que se acerca un operativo militar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejecutaron en 2003 al gobernador de Antioquia. Y años después harían lo propio con once diputados de la Asamblea del Valle. Con actos como esos, que pisotean el derecho internacional humanitario y engrosan la terrible lista de los crímenes de guerra, esa guerrilla que nació con el sueño de un reparto justo de la tierra arrastra hoy su ideal revolucionario por el lodo de la ignominia. Y esa afrenta pública, esos asesinatos a sangre fría de prisioneros de guerra, le quitan tanto apoyo popular a las FARC como le quitó al Ejército el penoso capítulo de los “falsos positivos”, esa política perversa que derivó en el asesinato de jóvenes inocentes a los que luego vistieron de guerrilleros para cobrar jugosas recompensas.
Libio José Martínez, el secuestrado que más tiempo llevaba en poder de las FARC
Hace cuarenta y cinco días, el Ejército logró ubicar al grupo de secuestrados en un punto concreto de las selvas del sur del país. Los operativos de inteligencia confirmaron que los cautivos estaban allí. Y desde esa fecha se puso en marcha un operativo de rescate que pretendía liberar a los secuestrados que más tiempo llevaban en poder de la guerrilla. Y cuando digo tiempo no hablo de semanas o meses. Todos ellos llevaban más de una década encadenados, sufriendo el rigor de un enemigo que les veía como un enorme botín, como la llave de un intercambio que pretendía sacar de las cárceles del Estado a cientos de guerrilleros presos. Libio José Martínez había pasado los últimos 14 años de su vida caminando de un lado a otro sin saber adónde iba, imaginando quizás como sería el día a día con el hijo al que nunca llegó a conocer. Cuando se lo llevaron las FARC, su mujer estaba embarazada de cinco meses. Cuando nació Johan Steven, su padre ya no estaba allí. Johan sin embargo se convirtió en un símbolo de la lucha para los familiares de los secuestrados. Organizó caminatas pidiendo la liberación de los cautivos, la de su padre y la del resto de uniformados que se pudre en las selvas de Colombia. Pidió en público y en privado la oportunidad de tener un padre. Ayer supo que todo ese esfuerzo fue en vano. O tal vez no, porque su ejemplo, como el de otros, sirvió para que nadie olvidara a los secuestrados.
Johan Steven, hijo de Libio josé Martínez
Ayer fue un día aciago para el Ejército. La operación de rescate fracasó, aunque uno de los cautivos lograra escapar con vida tras huir despavorido en mitad de la selva. Y la delgada línea que separa el fracaso de la gloria se mide luego en la reacción del pueblo y se mide, sobre todo, en la respuesta de las familias de las víctimas. Hace un par de años, el Ejército de Colombia abrió telediarios y llenó portadas con la famosa “Operación Jaque”. Un operativo militar que dio pie a películas y a decenas de libros, y que pasó a la historia por liberar a Ingrid Betancourt y a otra decena de rehenes sin disparar un solo tiro. Nadie cuestionó entonces aquella operación militar. Hoy, con los cadáveres todavía calientes, las familias de los cuatro muertos y las familias de los 12 uniformados que siguen presos en manos de las FARC, cuestionan el operativo y echan la culpa al Gobierno. Siempre dijeron que las operaciones de rescate a sangre y fuego ponían en peligro la vida de los secuestrados. Lo dijeron con conocimiento de causa, porque nadie como ellos, que se aferran cada día a la vida con el único argumento de un reencuentro con los suyos, conoce mejor la ley de las FARC.
El francotirador del Ejército que le incrustó tres balas en el cuerpo (una en el cuello, una en el pecho y otra en la cadera) lo debió ver meridianamente claro. El hombre que salió de aquel caño tras siete horas de cerco y combate en las selvas del Cauca, era el jefe de las FARC. Alfonso Cano cayó abatido horas después de un bombardeo contra su campamento. Un bombardeo del que salió herido pero vivo y en el que, al parecer, murió su compañera sentimental y su jefe de seguridad. Las bombas cayeron por la mañana, a esa hora en la que Cano probablemente apuró la cuchilla con la que mostró, ya muerto, su nueva imagen al mundo. El cerco a Cano comenzó hace ya unos tres años, cuando se puso en marcha el Grupo de Tarea de Sur del Tolima, un contingente de cinco mil hombres cuya principal misión en la vida era cazar al ideólogo de las FARC. Cano vivió durante todo ese tiempo en una huida permanente, rodeado siempre por cinco anillos de seguridad que lograron, hasta la noche del viernes, poner a salvo su vida. Alguien sabrá (y supongo que contará) por qué Cano se quitó la barba, el rasgo característico que lo acompañó durante sus treinta y tres años de lucha contra el Estado y que le dio, junto a sus gafas graduadas, ese aire de intelectual. Cano, de hecho, era un intelectual, más allá de su participación en secuestros, sus órdenes de atentados o su faceta empresarial en ese negocio de la droga que manchó hace años el origen revolucionario de la guerrilla.
Cano reposa en la morgue sin barba. Y con su muerte, la guerrilla parece hoy mucho más imberbe. Nadie sabe qué hacer con el cuerpo del líder de las FARC. Nadie sabe qué rumbo tomará la guerrilla sin el último hombre de la vieja guardia, sin el último de los líderes históricos que aglutinaba la suficiente ascendencia para mantener unida a la guerrilla. En pocos días conoceremos al sucesor, se hará público el nombre del hombre que debe reconducir la guerra, vengar al líder y , llegado el momento, sentarse a negociar la paz. La paz es hoy un deseo, más que una realidad. Un deseo del que habla el presidente y del que habla la guerrilla, que en un comunicado advierte que esa paz está lejos porque no se van a desmovilizar. Seguirá la guerra en Colombia, al menos a corto plazo. Los expertos dicen que ahora vendrá la ofensiva de las FARC, los actos de venganza contra el Ejército, contra la Policía Nacional, contra la infraestructura y los objetivos económicos del establecimiento colombiano. Y en los próximos meses… que nadie sueñe con el final de las FARC. Quedan todavía unos ocho mil hombres en armas, la mayoría con el viejo sueño de tomar Bogotá. La guerrilla no está muerta y hay cifras que lo demuestran. En 2010 hubo más bajas en el Ejército, entre muertos y heridos, que en 2003, cuando el país parecía doblegado ante la guerrilla y el presidente Uribe preparaba el rodillo para acabar con las FARC. Las encuestas dicen que la mayoría de los colombianos detesta a aquella guerrilla que empezó empuñando el fusil con el sueño justo de un reparto equitativo de la tierra, la misma guerrilla que se dejó el romanticismo por el camino a golpes de secuestros, atentados y campos sembrados de minas. Pero en las zonas remotas del país, en ese campo tan olvidado hoy como hace cincuenta años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia siguen contando con un amplio respaldo social.
No sabemos quién reemplazará a Alfonso Cano. Suenan nombres… Iván Márquez, Timochenko… ninguno con el carisma de aquel joven estudiante de antropología que un día se fue al monte y dejó a medias su carrera en la Universidad Nacional. Y esa es, precisamente, la gran encrucijada de las FARC.
La plaza del pueblo no rezumaba demasiado ambiente electoral. De hecho, parecía un día cualquiera, como si todo estuviese cantado antes de acudir a las urnas. Los campesinos tomaban café en las esquinas, con su poncho y su sobrero “vueltiao”. Los jóvenes jugaban al billar en tienda de la calle central, donde un equipo de música acercaba los ritmos del último vallenato por las calles cercanas. Los niños aparcaron momentáneamente sus juegos y se acercaron a Diego, el reportero de la corresponsalía, para que les explicara qué era ese aparato cuyo objetivo apuntaba a los rincones del pueblo. El pueblo se llama Castilla la Nueva, a unos 300 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Meta, y es uno de los 1102 municipios colombianos que este domingo eligen alcalde.
Castilla la Nueva también es uno de esos municipios donde, según la Misión de Observación Electoral, hay un riesgo extremo fraude en estas elecciones. Y en toda Colombia -añade esa ONG- hay riesgo de fraude en uno de cada tres municipios. Hace ya más de 20 años que este país celebra elecciones municipales, es decir, que los habitantes de los pueblos eligen quién gobierna en cada municipio. Anteriormente, a los alcaldes y a los gobernadores los elegía directamente el Presidente de la República, pero todo eso cambió cuando a Colombia llegó la descentralización y la nueva Constitución del 91.
¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Básicamente, y resumiendo mucho, porque en un país en guerra el control del territorio es algo fundamental. Lo sabe el Gobierno y lo saben los alcaldes y políticos honestos, que haberlos.. haylos. Pero también lo saben los grupos ilegales, los actores del conflicto, llámense guerrillas, paramilitares, o bandas criminales, todos ellos metidos hasta el cogote en ese rentable negocio del narcotráfico. Controlar los ayuntamientos, sus finanzas, sus regulaciones, es una parte importante del negocio. Poner a un alcalde títere que no te cree problemas y con el que puedas controlar las arcas municipales y los corredores del narcotráfico… allana mucho el camino. Y en muchos municipios colombianos las arcas están realmente llenas, aunque buena parte de la población viva en techos de cartón y transite por trochas de tierra. Colombia vive un auténtico boom energético, fundamentalmente petrolero y minero. Y cada empresa que extrae petróleo, carbón o cualquier recurso mineral del suelo de un municipio, debe ceder cuantiosas regalías a los ayuntamientos. La caja de muchos municipios está llena, y administrar esa caja es el sueño de políticos honestos… y también de grupos ilegales.
Por eso hemos visto un período preelectoral tan complejo. Según la M.O.E., desde febrero han asesinado a 41 candidatos, han amenazado a otros 88, y a un día de las elecciones, se mantiene un enorme riesgo de violencia, fraude y corrupción. ¿Cómo se ganan las alcaldías? Con el voto honesto y libre, por supuesto, y eso también se dará en varios municipios. Pero en las zonas de riesgo se ganan las alcaldías con diversas prácticas como la compra de votos, la trashumancia electoral (votantes de municipios cercanos que se inscriben en otro pueblo para modificar la votación) o directamente, las amenazas contra la vida. El Gobierno ha reconocido que en esta campaña iban a votar 400.000 muertos, personas que ya habían fallecido y que seguían inscritos en los registros de la procuraduría. Y el Procurador General reconoce que la corrupción está desbordada en estas elecciones, que los dineros que están detrás de muchas campañas provienen de actividades ilícitas.
Volvamos a Castilla la Nueva. El pueblo tiene un alcalde que ha gobernado durante tres legislaturas. Su mujer también fue alcaldesa. Y ahora su sobrino se presenta a las elecciones. El pueblo recibe enormes recursos del petróleo. Alguien bendijo el subsuelo de ese pequeño trozo de tierra del Meta, donde Ecopetrol, la empresa estatal petrolera, sigue sacando crudo a mansalva. Se calcula que cada año, las regalías petroleras dejan 20 millones de euros en las arcas municipales. El 85% por ciento del presupuesto municipal obedece a las rentas petroleras. En esa zona de los Llanos Orientales, tierra ganadera por excelencia, han operado históricamente las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares que ya no exhiben sus uniformes por las calles, pero que siguen controlando absolutamente todo de manera soterrada, con uniformes de civil. Los vecinos del pueblo han denunciado en esta campaña la compra de votos. Han ofrecido hasta un millón de pesos (casi 380 euros) por votar por determinado candidato, que curiosamente es la pieza del actual mandatario. Otro vecino denunció al Consejo electoral el trasteo de votos. El municipio tiene 8 mil habitantes, y en un momento determinado el censo electoral, los ciudadanos con derecho a voto, superaron los 10 mil.
Hace cuatro años, el día de las elecciones, muchos habitantes de Castilla la Nueva se quedaron sin votar porque no consiguieron renovar sus cédulas. Y esos habitantes vieron como el domingo electoral llegaron varios autobuses con gente de la región, con ciudadanos que vivían fuera del pueblo, para votar. La indignación popular derivó en revuelta, en 4 muertos y en el asalto a los colegios electorales. La furia de quienes rechazaron el fraude sirvió para que se repitieran los comicios un mes después. Pero sólo para eso. Porque todo estaba atado y bien atado y ganó quien tenía que ganar, el actual alcalde.
La mañana del jueves comenzó sin novedad. Nohora Valentina se levantó, desayunó, y se despidió de su papá. Luego salió de su casa y se marchó al colegio de la mano de su madre. Nohora, de diez años, es la delegada de su clase. Pero ese día no pudo sentarse en su silla de la tercera fila ni hablar con sus compañeros. A las puertas de la escuela, dos hombres encapuchados las encañonaron. Norah y su madre subieron a la fuerza al vehículo. Desde ese día nadie la volvió a ver. Horas después, los secuestradores pusieron en libertad a su madre. Le dieron veinte mil pesos (unos siete euros) para que tomara un taxi y volviera a casa sin rechistar.
Una semana después de su secuestro, nadie sabe dónde está la pequeña Nohora ni por qué se la llevaron. Los secuestradores llamaron a su padre, el alcalde de Fortul, un pequeño pueblo de Arauca, junto a la frontera con Venezuela. Le dijeron que estaba bien. Nada más. Ni quiénes eran ni qué condiciones ponían para entregar a la joven. La soledad de Nohora contrasta estos días con las marchas multitudiarias en las calles de Fortul. Los veinte mil habitantes, unidos a otros siete municipios de Arauca, recurren juntos la principal avenida del casco urbano pidiendo el final del secuestro. No saben a quién dirigirse, porque no saben si se la llevó la guerrilla del ELN, la de las FARC, los paramilitares o las bandas criminales que operan en la región.
La voz indignada del pueblo resuena estos días en todo el país, que asiste incrédulo al último capítulo de la larga lista del secuestro de menores. País Libre, una ONG que maneja desde hace años las cifras de los cautivos, recuerda al Gobierno que el problema vuelve a ser serio. Se acabó –dicen- la época de triunfalismo que acompañó los últimos años del gobierno de Uribe, cuando las cifras de secuestrados disminuyeron considerablemente y Colombia soñó con el final de un delito que no entiende de edad. En Arauca hubo tres secuestros en 2009, cuarenta y seis en 2010, y diez en el primer semestre de 2011. Y en todo el país, en los últimos cuatro años han secuestrado a ciento sesenta y ocho menores. Detrás de todo esto está la extorsión (para el pago de un rescate), el tráfico de menores, la prostitución infantil o el reclutamiento de niños soldado. Todo un negocio del que se lucran bandas criminales, delincuentes comunes, las guerrillas y ese abanico de grupos delictivos que se hacen llamar “Rastrojos”, “Aguilas Negras”, etc, y que no son otra cosa que los nuevos grupos paramilitares, las nuevas Autodefensas Unidas de Colombia, que ya no llevan ni uniforme ni se dejan ver armados en público, pero que controlan pueblos enteros vestidos de civil, cobrando vacunas, extorsiones, y eliminando a todos aquellos que no comulgan con su manera de entender el poder.
Los padres de Nohora esperan en casa con la mirada fija en un teléfono, el mismo aparato al que los secuestradores llamaron una vez para decirles que la pequeña estaba bien. El pueblo sigue en la calle, con marchas casi a diario para pedir su liberación. Dos mil hombres del Ejército y la Policía rastrean aldeas, veredas y cruces de carretera buscando a la niña. La silla de Nohora sigue vacía en el cole, apenas decorada con un globo donde sus compañeros recuerdan a la delegada, a esa morena activa e inquieta, a la que ahora todos echan en falta. La madre de Nohora… la madre de Nohora ha pedido a los secuestradores que la traten bien, y que le pongan, al menos, dibujos animados.
Hace ya casi dos siglos que el gran sueño de Simón Bolívar se fraguó por estas tierras. La Gran Colombia, una nación compuesta por varias repúblicas recién independizadas de España, echó a andar en 1819. Moriría doce años después, en 1831, víctima de revueltas internas y del desencanto con un Libertador que terminó pervirtiendo ese proyecto de unión suramericana con un Gobierno muy parecido a una dictadura. La Gran Colombia agrupaba varios países.
