BOLIVIA, DIVIDIDA
El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, acuñó hace un par de años una expresión demoledora, “empate catastrófico”, para definir la situación que se vivía en Bolivia, la división y polarización del país entre, con todos los matices y excepciones posibles e importantes, un Oriente rico, blanco o criollo, autonomista y opositor al presidente “Morales”, y un Occidente pobre, indígena, centralista y leal “al Evo”.
Hoy el fantasma de ese empate catastrófico, lejos de desaparecer, se ha reforzado. Y el referéndum sobre la nueva constitución ha consagrado esa división, esa fractura que parece difícil de superar.
Varias cosas hay que decir sobre el referéndum. La primera es que la victoria del SI a la nueva Constitución es incuestionable. Si se acepta el juego democrático, no vale que sólo se acepte cuando a uno le conviene. Eso es lo que han hecho los dirigentes autonomistas, empezando por los del departamento de Santa Cruz, los más ricos, más opositores y más insolidarios en Bolivia. Uno de los argumentos más reiterados por los dirigentes cruceños contra la nueva Constitución (es sólo un detalle) es que no se respeta su fe porque desaparece la definición de Bolivia como país católico. Es decir, constitucionaliza la libertad religiosa, sin privilegiar a una religión sobre otra. No es poco en un país en el que la mayoría de la población, de origen indígena, ha vivido durante siglos sometida al credo de una minoría, impuesto a sangre y fuego. Un país en el que hoy lo más extendido es el sincretismo.
Otro de los argumentos de los dirigentes de Santa Cruz y otros departamentos es que el gobierno central utiliza los ingresos proporcionados por los recursos naturales para distribuirlos en otras zonas. Es decir, según esa argumentación, todos son bolivianos, pero no todos deberían beneficiarse de esos recursos según. La nueva Constitución consagra la propiedad estatal inajenable de los recursos naturales. Los críticos dicen que eso impedirá que lleguen inversiones extranjeras, que el petróleo y el gas han estado allí durante siglos y las multinacionales pueden esperar. La realidad es que esas riquezas naturales han sido explotadas desde hace mucho tiempo y nunca han beneficiado a la mayoría de los bolivianos, tan sólo han llenado los bolsillos y las cuentas corrientes de unos pocos.
La nueva Constitución fija una amplia gama de derechos sociales, económicos y políticos que hasta ahora ningún gobierno ni ninguna constitución anterior habían establecido. Y es la primera vez en la Historia de Bolivia, desde que el propio Simón Bolívar proclamó la primera Constitución, en 1825, y luego han venido 15, que un texto constitucional es sometido al referendo popular.
Dicho todo lo anterior, un número significativo de bolivianos, por razones muy diversas, ha votado en contra de la nueva Constitución. Y la Constitución, como norma fundamental, como marco legal de convivencia, debe ser aceptada por una inmensa mayoría. Eso no ha ocurrido en Bolivia. Es cierto que buena parte de la oposición está integrada y alentada por aquellos que quieren mantener sus privilegios y sus cuantiosas riquezas en el país más pobre de Sudamérica. Y que sistemáticamente han boicoteado los cambios que permitan una mayor justicia social, un mejor reparto de la riqueza.
Pero no es menos cierto que no se puede imponer un texto constitucional que rechaza uno de cada tres bolivianos, sean sus razones las que sean. Hay que buscar fórmulas que permitan aplicar la nueva Constitución respetando el sentir de ese importante porcentaje de bolivianos que ha votado NO. El texto constitucional tiene que desarrollarse ahora con la aprobación de una serie de leyes y es ahí donde debe prevalecer el diálogo. De lo contrario el “empate catastrófico” puede estallar en una auténtica catástrofe, con riesgo real de un violento enfrentamiento. Y eso sólo beneficiará a los mismos de siempre y no sacará a Bolivia de su pobreza ni servirá para que haya más justicia social.



