La situación en Honduras
Han pasado ya dos meses desde que los militares hondureños, al más puro estilo matón que ha caracterizado durante décadas a los militares de Honduras y de muchos otros países latinoamericanos, sacaron a punta de pistola al presidente Manuel Zelaya de su cama para introducirlo, en pijama, en un avión militar y llevarlo al exilio. Aunque la secuencia es sabida, conviene recordarla de vez en cuando para que no se olvide. Porque en ese acto de insubordinación radica el meollo de la cuestión.
La misión de ministros de Asuntos Exteriores de la OEA que ha visitado recientemente Honduras ha salido con las manos vacías por la intransigencia de un gobierno de facto que sigue intentando negar la realidad que demuestran obstinadamente los hechos: lo ocurrido en Honduras fue un Golpe de Estado, y lo que ha surgido después, desde el nombramiento como presidente de Roberto Micheletti a todas las demás medidas legislativas y judiciales se sustentan y están por tanto contaminadas por el Golpe militar previo.
La argumentación que esbozan algunos, tanto el gobierno de facto hondureño como quienes desde el exterior muestran su comprensión, de que Zelaya era impopular y que había violado la Constitución es inadmisible. Si el presidente actuó de forma ilegal, tendría que haber sido sometido a un proceso de destitución con todas las garantías que establecen las leyes para esos casos. No ocurrió así. Incluso no quieren reconocer la contradicción que supone acusar a Zelaya de violar la Constitución y admitir que se violara esa misma Constitución que establece que ningún hondureño puede ser expatriado por la fuerza.
Poco se habla ya de cuál es la situación dentro de Honduras. Poco a poco va cayendo en el olvido. Pero el mismo día en que se han cumplido dos meses del Golpe de Estado el vicepresidente segundo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado chileno Felipe González, ha asegurado que en Honduras “hay un cuadro grave de violación de derechos humanos”. González formaba parte de la misión de la CIDH que visitó recientemente este país centroamericano y cuyas conclusiones son demoledoras. A continuación se reproducen, de manera textual, los puntos destacados por la misión sobre lo que pudo apreciar en Honduras.
-Represión contra manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, aplicación arbitraria de toques de queda, detención de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención.
- Muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego. La Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado.
- Entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el ejército durante las manifestaciones.
- Del 24 al 27 de julio entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre los retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua (en el departamento de El Paraíso) durante el toque de queda, sin acceso a alimentación y agua, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos.
- Los detenidos sufrieron heridas por balas de plomo, palizas con bastones policiales y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera. Además, por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos para disuadir la manifestación.
- La información fue controlada a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, su ocupación militar, y la prohibición de emitir señal a ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado. También hubo cortes de energía eléctrica que afectaron la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado.
- Agresiones y amenazas a periodistas de medios de distintas posiciones editoriales.
- Afectación del derecho a la educación infantil a causa del paro de los maestros.
- Numerosas mujeres fueron objeto de tratamiento abusivo, que incluyó manoseos, y al menos una fue violada.
- Algunos jueces ejecutores del 'hábeas corpus' han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no realicen sus funciones.
- El toque de queda (ya suspendido) no estaba justificado. La suspensión de garantías no fue escrutada judicialmente, pese a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.
Sobra cualquier comentario o añadido.



