3 posts de abril 2010

La mirada de los muertos

Al cabo de más de 30 años, los verdugos mayores de la dictadura militar argentina están rindiendo cuentas de sus crímenes ante la Justicia. (De algunos de sus crímenes que no lograron ocultar destruyendo pruebas y asesinando testigos.) Y, uno tras otro, son condenados a largas penas de prisión, que no llegarán a cumplir porque la mayoría de los sobrevivientes de aquellos sanguinarios centuriones ronda o supera los ochenta años. Morirán encarcelados ya que los tribunales han decidido que, excepto en casos de enfermedad grave, los culpables de delitos de lesa humanidad no deben de beneficiarse de los privilegios de la edad, cumpliendo la pena en arresto domiciliario. Algo que parece lógico después de la larga impunidad que han gozado.

El último condenado de alto rango ha sido el expresidente de facto (un eufemismo político argentino) Reynaldo Bignone. El fue quien, descompuesta la dictadura castrense tras la derrota en la guerra/aventura de las Malvinas, se vio obligado a convocar elecciones y acabó entregando el poder al radical Raúl Alfonsín... no sin antes haber ordenado la destrucción de los archivos militares para eliminar las pruebas del terrorismo de estado. Ahora ha sido castigado con 25 años de cárcel como coautor de medio centenar de delitos de privación de libertad y torturas cometidos en 1977. Es decir, por algunos de sus crímenes, cometidos cuando era jefe del comando de Institutos Militares, del que dependían cuatro centros secretos de detención en Campo de Mayo, por cuyas dependencias pasaron unos cinco mil prisioneros.

El anciano general Bignone duerme ya tras los barrotes de una cárcel común. No merece piedad. Porque no ha mostrado arrepentimiento, ni ha pedido perdón ni --lo que es aún peor-- ha querido facilitar información alguna sobre la suerte que corrieron sus víctimas. Al contrario, henchido de soberbia, pretendió justificar la despiadada represión militar. Pero descubrió el más intenso de los miedos que corroen su ánimo cuando lamentó verse obligado a soportar las fotos de los desaparecidos, enarboladas por sus familiares durante el juicio. Aquellos rostros en blanco y negro parecían contemplarlo desde más allá del tiempo. Los ojos de los muertos se mantenían fijos en él y no era capaz de sostenerles la mirada.

Ojalá que Reynaldo Bignone viva muchos años en las mejores condiciones carcelarias. Y que cada noche, cuando se apaguen las luces del penal, vuelva a sentir la mirada de los muertos. Entonces podrá recurrir a la cristiana serenidad de que alardeó su conmilitón Santiago Omar Riveros, juzgado junto a él y condenado a la misma pena.

Caso Garzón: proceso al Tribunal Supremo

El caso Garzón desborda los límites del enjuiciamiento a un magistrado acusado de prevaricación y se presenta finalmente como un proceso al Tribunal Supremo ante la opinión pública. El desatino del juez Luciano Varela, pretendiendo sentar a su colega de la Audiencia Nacional en el banquillo de los acusados, supone mucho más que un despropósito ya que plantea la inadecuación de criterios del Tribunal Supremo a la sociedad española actual. Por tanto, invita a un profundo debate sobre la idoneidad de algunos de sus miembros, e incluso sobre la necesidad de abordar la transformación profunda de las más altas instancias de la Justicia, tarea que nunca se abordó en la Transición de la dictadura franquista a la democracia. Algo que, sin duda, no está en las intenciones de Varela, pero que tampoco parece haberle importado provocar.

Juzgar al juez español más conocido y respetado internacionalmente garantiza al magistrado Varela una relevancia engañosa, que solo satisfaría las ambiciones de notoriedad de quienes no se planteasen diferenciar entre fama y prestigio. El primer motivo de descrédito para su figura está en el sello de Falange Española, estampado al pie de los documentos judiciales que admitió a trámite como base del proceso contra Garzón. Falange no es una buena compañía cuando se trata de Justicia, ni siquiera cuando se habla de Historia. Varela es dueño de encauzar políticamente su carrera como prefiera, desde sus orígenes en el Opus Dei o su posterior identificación con una trasnochada izquierda radical, hasta su afinidad personal con la vicepresidenta Fernández de la Vega o el regodeo que su actuación produce tan oportunamente en el PP y la extrema derecha. Incluso es libre de erosionar su crédito profesional haciendo frente a querellas por prevaricación, como la que ya han anunciado las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Baleares. Lo que de ninguna forma debería de hacer Varela es comprometer la credibilidad del Tribunal Supremo con una actuación que un batallón de prestigiosos juristas considera polémica y errónea.

Resulta inevitable que la opinión pública juzgue al Supremo por el talante político de sus decisiones. Según los principios más elementales de nuestro Derecho, los jueces deben de interpretar las leyes en conformidad con los criterios vigentes en sociedad en el momento de su aplicación. Así, ya desde los planteamientos iniciales del caso Garzón, queda planteada la cuestión de si figuras tan reaccionarias como la de Varela, la de su colega Adolfo Prego (ponente del auto) o la del propio Juan Saavedra, Presidente de la Sala Penal, responden al modo de ser y pensar de la actual sociedad española y pueden ser consideradas por la ciudadanía como los jueces más idóneos para el Tribunal Supremo. La polémica, que se anuncia áspera y amarga, implica un alto riesgo de descrédito para una institución imprescindible.

Finalmente Garzón está procesado por una diferencia de interpretación jurídica. La cuestión que lo lleva al banquillo es que Varela considera que la Ley de Amnistía de 1977 imposibilita la investigación judicial de los crímenes del franquismo, mientras que la jurisprudencia internacional establece que los crímenes contra la Humanidad no pueden ser amnistiados. Aquella amnistía tendría que ser interpretada --e incluso revisada y parcialmente anulada-- para que no obstaculice los derechos más elementales de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Como ley que obedece a unos tiempos preconstitucionales, su aplicación choca con la actual exigencia social de devolver la dignidad a los asesinados y consolar el eterno dolor de sus familiares.

Haití: dudas sobre la ayuda

Los haitianos saben desde hace mucho tiempo que predicar es una cosa y dar trigo, otra. La última vez que lo constataron fue tras los dos huracanes y las dos tormentas tropicales que, en agosto y septiembre de 2008, devastaron la misma zona costera que el pasado enero fue destruida por el terremoto. Entonces se les prometió una ayuda internacional de 1.350 millones de euros de los que sólo recibieron 17 millones. Es decir, menos del 1,3 por ciento. Ahora la Conferencia de Donantes reunida en la ONU ha recaudado para ayudar a Haití durante los dos próximos años 3.900 millones de euros... en palabras. ¿A cuanto se reducirá finalmente esa cifra?

Las conferencias de donantes suelen quedarse en subastas de buenas intenciones. Los representantes de las naciones más poderosas se llenan la boca de anuncios generosos, predicando solidaridad internacional. Pero no existe un organismo mundial que fiscalice el cumplimiento de las promesas con poderes ejecutivos para exigir el pago puntual de las cantidades ofrecidas.

En la reunión de Nueva York se acordó que Bill Clinton y el presidente haitiano se encargaran de supervisar las entregas de la ayuda, con apoyo del Fondo Financiero Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Pero ese compromiso no pasa de ser otro papel mojado, ya que ningún país oficializa su ayuda con el rigor de una deuda a plazo fijo. De aquí a dos años la tragedia sufrida por Haití parecerá muy lejana. Y acaso otra amenaza de crisis económica aconseje emplear buena parte de esos fondos solidarios en apuntalar nuevamente al sistema financiero mediante ayudas a la banca privada.

Tras el optimismo sembrado por el éxito de la Conferencia de Donantes se plantean serios interrogantes. ¿Se empleará parte de esos fondos en pagar la deuda externa haitiana? Porque algunos países que han prometido ayudar a Haití figuran entre sus acreedores. Y cada mes el FMI y el BM pasan puntualmente facturas al gobierno haitiano, tras haberle impuesto sometimiento a las despiadadas leyes del libre comercio que han arruinado la economía del país.

¿Servirá la ayuda internacional para pagar a las compañías privadas norteamericanas encargadas de obras y servicios tras el terremoto? En tal caso, el abono podría ser hecho directamente sin que el dinero llegase jamás a pasar por las arcas haitianas. ¿Se descontarán costes derivados de la presencia militar por razones humanitarias? Ello supondría --además de una estafa política-- una afrenta a los haitianos que trabajan en la reconstrucción de su país. Porque, como señala en un artículo José Luís Patrona (coordinador de la ONG brasileña Vía Campesina), el sueldo de cada soldado internacional desplegado en Haití asciende a 3.000 dólares mensuales, mientras el salario mínimo local es de tan solo 60.

Vicente Romero


Vicente Romero es uno de los reporteros más veteranos de TVE. Desde este blog cuenta sus viajes a los lugares donde viven los más desfavorecidos del mundo. Si hace falta izar una bandera de palabras para definir contenidos e intenciones, puede servir el verso de José Martí que da título a este blog.
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