4 posts de julio 2009

Reinsertando a los "paras"

Los cuerpos de las víctimas entraban, uno a uno, al horno crematorio. Era la manera perfecta de borrar las huellas del crimen, aunque no siempre actuaban así. Otras veces los mataban con serpientes venenosas, los tiraban a un río, y cuando se aburrían, en el colmo del sadismo, jugaban al fútbol con las cabezas desprendidas a machetazos. La mayoría de las veces, sin embargo, no era la cabeza lo único que cortaban. Las motosierras segaban cada miembro de las víctimas, y cuando el cuerpo era apenas un rompecabezas macabro, lo arrojaban bien troceado a una fosa común.

Todo esto no es el guión barato de una película de terror de serie B. Así actuaban los paramilitares de ultraderecha desde mediados de los 80 hasta el año 2005. Y son sus propios testimonios los que dan fe de cómo ejercían el poder, del castigo ejemplar al enemigo. Los paras nacieron financiados, en un principio, por los grandes ganaderos de Colombia, que buscaban un ejército privado para defenderse de las amenazas y el secuestro de las guerrillas de izquierda. Pero el monstruo siguió creciendo tal y como lo hizo la guerrilla, a base de extorsión, muerte y el dinero del narcotráfico. Y se hizo autónomo, y en su momento de mayor expansión llegó a tener unos 30 mil hombres armados enfrentados a las FARC o al ELN, y agrupados en las siniestras Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante 20 años, con la excusa de enfrentarse a la guerrilla, los paras mataron a campesinos, líderes sociales y sindicalistas sospechosos de colaborar con la insurgencia. Y en 2005 decidieron desmovilizarse acogiéndose a una propuesta generosa que les ofreció el Estado. La ley de Justicia y Paz les ofrecía penas muy cortas para los crímenes que cometieron. Apenas 8 años en la cárcel, siempre que colaborasen, que confesaran sus crímenes, que ayudaran a identificar a las víctimas y que reparasen a sus familias.

Esa ley cumple estos días 4 años y aquí en Colombia tratan de hacer balance. Casi 600 paramilitares se han presentado voluntariamente ante los fiscales. Y han confesado todo lo que se cuenta en el primer párrafo de este post. Todo eso y mucho más que se resume en algunas cifras: confesaron 21.000 homicidios, y señalaron 1.700 fosas comunes en las que se encontraron 2.100 cuerpos. Y sus testimonios destaparon también un escándalo que aquí se conoce como la “parapolítica”: los vínculos de las Autodefensas con alcaldes, gobernadores, diputados y senadores. Hoy hay más de 200 políticos investigados por sus nexos con los paramilitares.

El trabajo para la fiscalía es enorme. Hay que escuchar en versión libre a los 2.927 comandantes de aquel ejército ilegal. Luego hay que abrir expediente de cada crimen e investigar cómo ocurrió. Porque no sólo hubo homicidios o desapariciones forzadas; hubo también expropiación de tierras, violaciones, narcotráfico, lavado de activos o reclutamiento de menores. Muchos fiscales dicen que investigar todo eso es una tarea imposible, que hacen falta más medios, porque cuando se creó la ley nadie estaba preparado para un proceso como éste.

Los fiscales, sin embargo, dicen que seguirán adelante porque su razón de ser son las víctimas. Y las víctimas, que ya han pasado por el amargo trago de escuchar el relato macabro y frío de los verdugos, cuentan que seguirán luchando para recuperar la memoria. Para que al menos les cuenten en qué punto del país enterraron bajo tierra a sus maridos, mujeres o hijos. Porque los muertos – dicen- dejarán de ser fantasmas cuando les den un entierro digno.

Años en silencio

Cuando atisbó a lo lejos aquel puesto militar, Óscar Tulio Lizcano sintió de nuevo que volvía a vivir. Lizcano caminó como pudo, arrastró sus cincuenta y cinco años por el lodo del camino y se entregó al ejército junto al guerrillero Isaza, el carcelero de las FARC que la noche anterior lo despertó abruptamente para decirle al oído que se acabaron los años de cautiverio, porque esa noche de luna llena emprendían el camino a la libertad.

Nueve meses despué s, Lizcano, el primer político que cayó en manos de la guerrilla, cuenta eso y mucho más en un libro. “Años en silencio” es el relato minucioso de los años en la selva que pasó este antiguo congresista y profesor de marxismo. Probablemente Lizcano jamás pensó que algún día sufriría en carne propia la deshumanización que provoca el aislamiento, la esclavitud forzada que viven los rehenes de una guerrilla que, paradójicamente -debió pensar luego Lizcano-, se declaraba marxista en sus inicios.

Hoy, charlar con Lizcano, ante la cámara o en un encuentro informal, es charlar con un hombre sereno, que no olvida pero sí perdona, porque vivir con odio –dice- es morir en vida. Quizás por eso, para escribir este libro no dudó en entrevistar a varios de sus 17 carceleros. Muchos de ellos se han desmovilizado, se han entregado al ejército para obtener los beneficios de la reinserción y enterrar para siempre los años de caminatas y escasez en la selva. Todos ellos le han contado la intrahistoria de las FARC, de la que Lizcano se hizo una idea, pero que no pudo completar durante el cautiverio porque vivió en soledad, y porque sus carceleros tenían prohibido dirigirle una palabra.

Lizcano habla del rigor de la guerrilla, de cómo dos jóvenes comandantes fueron llevados a un consejo revolucionario, de cómo fueron fusilados por el triste delito de haberse enamorado, y sobre todo, no querer ocultar su amor. Y relata también la historia de Comidita, el niño de 12 años al que reclutaron a la fuerza, y que moriría decapitado por intentar escapar.

“Años en silencio” recoge, por supuesto, el sufrimiento del cautivo: las largas marchas huyendo del ejército, la soledad, la incomunicación, la escasez de alimentos y las enfermedades típicas de una selva que casi entierra sus sueños de libertad.

Pero detalla también historias y alianzas indisimuladas que hasta ahora no habían visto la luz. Cuenta Lizcano, por ejemplo, que la petrolera estatal china CNPC (China National Petroleum Corporation) daba apoyo logístico a la guerrilla; que sus helicópteros trasladaban guerrilleros, llevaban víveres a las FARC, les daban asistencia médica e incluso trasladaban heridos. Todo, se supone, para que la guerrilla no les extorsionara y no interrumpiera la búsqueda de petróleo en las selvas del Chocó.

Pero más allá de todo eso, “Años en silencio” traslada un mensaje que el propio Lizcano recuerda en boca de Nelson Mandela, y que resume perfectamente qué es eso del cautiverio: “No hay nada más deshumanizante –dijo Mandela- que la falta de contacto humano”.


Tropas yankees en Colombia

El acuerdo aún no se ha firmado pero aquí ya corren ríos de tinta. Colombia y Estados Unidos ultiman un convenio que permitirá la llegada de más soldados y contratistas estadounidenses a tres bases militares colombianas. Es la solución a la que han llegado los dos gobiernos para hacer frente a un grave problema logístico que ha sufrido recientemente el Pentágono. La base estadounidense de Manta, en Ecuador, ya no está operativa porque el gobierno local y el presidente Rafael Correa, subido al carro del antiimperialismo que pregona su amigo Hugo Chávez, dijo hace tiempo alto y claro que no quiere más tropas yankees en suelo patrio.

Desde Manta los estadounidenses realizaban básicamente tareas de vigilancia y operaciones antinarcóticos. Los P-3 Orión y los Awacs que alzaban el vuelo allí eran los ojos de Estados Unidos en el Pacífico. Sus radares volantes detectaban a cientos de kilómetros las pequeñas avionetas y los semisumergibles que sacan la droga de las costas ecuatorianas y colombianas. Pero según Correa, desde Manta también se realizaron operaciones militares y se facilitó información sensible al ejército colombiano. Sin ir más lejos, Ecuador sospecha que los aparatos yankees localizaron a Raúl Reyes, por entonces número dos de la guerrilla colombiana de las FARC, en territorio ecuatoriano. Lo que vino después ya se sabe: la muerte de Reyes en el campamento de Angostura, la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, y la animadversión personal entre dos presidentes, Correa y el colombiano Uribe, que llega hoy a límites insospechados.

Desde un principio Estados Unidos vio muy claro que Colombia era la alternativa a Ecuador. Un país amigo (más con Bush que con Obama), que negocia actualmente un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que desde 1999 ha recibido cada año 700 millones de dólares de Washington para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, lo que se conoce como el Plan Colombia.

Para el Gobierno colombiano la llegada de los americanos sólo tiene ventajas. Álvaro Uribe dice que la ayuda estadounidense contra las drogas y el terrorismo “es de la mayor conveniencia para el país”. Y dice también que Colombia no perderá soberanía, porque los que vengan de Manta van a operar en bases militares colombianas, no estadounidenses. A todo esto Estados Unidos se compromete a invertir 5 mil millones de dólares en los próximos diez años en infraestructuras y en mejora de las instalaciones. El gobierno deja claro además que hay un límite, que la llegada estadounidense no es ni mucho menos algo parecido a las invasiones bárbaras. Las leyes colombianas dicen que sólo pueden operar en el país 800 soldados y 600 contratistas.

¿Y qué dice la oposición? Pues básicamente que todo esto es un tremendo error; que no se puede provocar a los países vecinos, fundamentalmente a Venezuela y a Ecuador –de marcado sentimiento antiestadounidense- con la llegada de más tropas yankees. Y que se debe acabar de una vez por todas con la sensación de que Colombia es un súbdito de Estados Unidos, pensando que a cambio de todo esto Washington abrirá las puertas al Tratado de Libre Comercio y Obama mirará con mejores ojos al presidente Uribe, pasando por alto, quizás, las violaciones de los derechos humanos que denuncian al unísono la ONU y decenas de ONG,s implantadas en el país.

Pero quizás el tema más sensible vuelve a ser el de la inmunidad. Todo indica que los militares y contratistas estadounidenses serán “intocables” en Colombia, y que, como hasta ahora, no podrán ser juzgados por delitos que cometan en este país. Eso irrita a los defensores de los derechos humanos, y a los que piensan que aquí, nadie puede estar por encima de la ley. Y lo piensan, por ejemplo, las madres de varias niñas violadas por militares, que los han visto marchar del país, y que poco después han dado a luz a unos niños que aquí han bautizado ya como los hijos del Plan Colombia.

Honduras, bajo el volcán

Han pasado un par de días después del golpe y Honduras sigue aturdida y confusa. Y sobre todo, muy fracturada, porque la expulsión a punta de pistola del presidente electo, Manuel Zelaya, no ha hecho sino aumentar la brecha en sus seguidores y los del nuevo Jefe de Estado, Roberto Micheletti.

El viejo empresario y eterno congresista (28 años seguidos como diputado) se empeña estos días en explicar al mundo que aquí no hubo un golpe de Estado. Y se empeña también en transmitir una normalidad que se resquebraja según camina uno por cualquier calle. Porque no es normal que una ciudad esté tomada por el Ejército, que controla cada esquina pero controla, sobre todo, los edificios más estratégicos: las telecomunicaciones, la energía, y por supuesto, el Palacio de Gobierno, probablemente el edificio más vigilado de Honduras. Y si uno sigue caminando, además de ver soldados ,ve universidades y colegios vacíos. No hay clases, ni orden prevista para que se reabran las aulas.

Los testimonios van por bandos y no siempre son fáciles de contrastar. Los que apoyan a Zelaya sostienen que en el campo, lejos de las ciudades, se está reclutando a la fuerza a los jóvenes para que entren en el Ejército. Y sostienen también que la tropa oficial corta muchas carreteras para impedir que la gente del interior, el verdadero granero de votos de Zelaya, acuda a Tegucigalpa y airee su descontento con el nuevo Gobierno. Son ellos los que denunciaron también que las cadenas internacionales no llegaban a sus casas, que se fueron a negro cuando el resto del mundo escuchaba y veía cómo un presidente electo era sacado a la fuerza, con un cañón en la frente, lejos de su país.

Los que apoyan a Micheletti también cuentan y no paran. Cuentan que la ambición de Zelaya era inagotable, que su plan sencillamente era convocar una Asamblea Constituyente, reformar la Carta Magna, y perpetuarse en el poder como su amigo Hugo Chávez. Cuentan que Zelaya llevaba meses enfrentándose a todas las instituciones, que desafió a la Corte Suprema y al Congreso, que siguió el camino del venezolano para lo bueno y para lo malo, para ayudar a los pobres y para perpetuarse en el poder con métodos dignos de un dictador.

Y cuentan fuentes diplomáticas que tanto Zelaya como Micheletti tienen tantísimo ego que será muy difícil encontrar una solución. Y a mi lo que me parece es que a Zelaya sus enemigos lo han convertido en un héroe por la chapuza que se montaron para sacarlo del poder. No discuto si violó o no la Constitución al convocar una consulta, probablemente lo hiciera. Pero si así fuera lo normal sería someterlo a juicio en su propio país.

No es tiempo de golpes en América Latina, territorio herido y desangrado por tantos años de dictaduras y tanques en las calles en una época que suponíamos bien enterrada y lejana. Y probablemente, al escuchar tantas cosas de uno y otro, de Zelaya y de Micheletti, la conclusión a la que he llegado quizás sea demasiado simple: no me gusta ninguno de los dos.

Luis Pérez


Hace ya casi dos siglos que el gran sueño de Simón Bolívar se fraguó por estas tierras. La Gran Colombia, una nación compuesta por varias repúblicas recién independizadas de España, echó a andar en 1819. Moriría doce años después, en 1831, víctima de revueltas internas y del desencanto con un Libertador que terminó pervirtiendo ese proyecto de unión suramericana con un Gobierno muy parecido a una dictadura. La Gran Colombia agrupaba varios países.
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