Historias de la antigua Gran Colombia

Colombia sin Uribe. ¿Y ahora qué?

Hubo un tiempo en el que muchos colombianos no imaginaron a su país sin Álvaro Uribe de presidente. Los golpes a la guerrilla, la liberación de rehenes en manos de las FARC, la seguridad, el crecimiento económico y la inversión extranjera dibujaron un país casi idílico para los seguidores del presidente. Y tal vez por eso, y porque en el fondo Uribe, aunque nunca lo dijera abiertamente, quería seguir en el poder, un grupo de simpatizantes comenzó hace tres años a recoger firmas para promover un referéndum que permitiera la segunda reelección del presidente.

La Constitución de 1991 impedía la reelección de los mandatarios colombianos. Y ya en 2006, cuando Uribe terminaba su primer mandato, se modificó la Carta Magna para permitir que Uribe siguiera en el poder. Ahora se planteaba el mismo escenario: final del segundo mandato, y otra vez, la posibilidad de un referéndum para conseguir otra reelección y prolongar su estancia en la Casa de Nariño, el palacio presidencial. Pero esta vez todo ha quedado en eso, en una posibilidad. Porque la Corte Constitucional ha puesto freno, con una sentencia histórica, a las intenciones del presidente. Los magistrados de la Corte han rechazado, por mayoría de 7 votos contra 2, el referéndum que pretendía cambiar la Constitución para permitir la segunda reelección de Uribe. Dicen que ha habido varias violaciones en el proceso y vicios de forma. Y la primera consecuencia de todo esto es que al político de Antioquia, al hombre fuerte de Colombia durante los últimos 8 años, se le acaba el mandato el próximo 7 de agosto. Uribe no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo, y eso ha dado un vuelco de 360 grados al panorama político del país.

¿Y a partir de ahora qué? Pues de momento Uribe deberá deshojar la margarita y lanzar un guiño a alguno de los precandidatos que tiene la derecha, la mayoría de los cuales ha guardado un prudente silencio y ni siquiera se ha puesto en campaña, porque no sabían qué iba a pasar con el referéndum y porque asumían que enfrentarse a Uribe era un suicidio político en toda regla. Y con Uribe descartado, quien más posibilidades tiene de ser el candidato designado es Juan Manuel Santos. Santos fue ministro de Defensa con Uribe, y durante su mandato las FARC recibieron los mayores golpes de su historia. Es, supuestamente, el hombre que mejor defendería la política de Seguridad Democrática que con tanto ahínco ha promovido el presidente Uribe.

¿Y Uribe? ¿Qué hará Uribe en estos cinco meses que le quedan en el poder? Si quiere mantener su buena imagen (su popularidad ronda hoy el 60%) deberá aplicarse en varios frentes. Puertas afuera, Uribe querrá despedirse consiguiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero las violaciones a los derechos humanos, las muertes y amenazas a los sindicalistas colombianos, siguen siendo las principales pegas que ponen los congresistas estadounidenses para aprobar el TLC. Los vecinos son la otra piedra en el camino. La relación con Venezuela y con Ecuador no es buena. Chávez y Uribe se odian y hace unos días casi llegan a las manos durante la Cumbre del Grupo de Río. Y Quito no quiere restablecer relaciones con Bogotá hasta que Uribe aclare por qué atacó el territorio ecuatoriano para matar a Raúl Reyes, el número dos de las FARC. El presidente colombiano deberá acercar posturas con ellos si no quiere dejar una herencia envenenada a su sucesor.

En casa también hay problemas. La reforma del sistema de salud es una chapuza, el paro ha vuelto a crecer, la liberación de rehenes sigue atascada y la violencia en las grandes ciudades, sobre todo en Medellín, se ha disparado. Y por si fuera poco el escándalo de la parapolítica, los vínculos entre políticos y paramilitares, sigue acechando a su coalición en el Parlamento. También los grupos de derechos humanos le exigen responsabilidades por los falsos positivos, esa práctica indecente mediante la cual el Ejército mataba a jóvenes muy pobres y los presentaba como guerrilleros muertos en combate para cobrar recompensas. Uribe tiene trabajo en estos meses si no quiere saldos rojos a la hora de su partida.

¿Y el hombre, qué pasará con Álvaro Uribe Vélez cuando el 7 de agosto se baje del pedestal de la presidencia y pase a ser un ciudadano común? Hay también muchas incógnitas: ¿Se convertirá Uribe en un poder en la sombra si finalmente el nuevo presidente, su sucesor, es el candidato que él designe? ¿Cómo asumirá su condición de ex presidente un hombre que gobernó 8 años y pretendía hacerlo 4 años más? ¿Y si la oposición gana las presidenciales de finales de mayo, volverá a la carga Uribe en 2014? No descarten nada porque Uribe es, ante todo, un animal político, y por eso no es fácil imaginarlo fuera del panorama político nacional.

La masacre de El Salado: 10 años de impunidad

Belén Martínez tenía por aquel entonces 73 años y quizás por eso, porque ya era una anciana desvalida, la dejaron en paz y hoy puede contar lo que pasó aquellos días. Belén es hoy una de las voces que recuerdan qué ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cuando un ejército de 450 paramilitares entró en El Salado, una pequeña aldea del municipio de El Carmen de Bolívar. Belén vio, por ejemplo, cómo a las tres hijas de su vecina, Carmen Figueroa, las mataron delante de ella, y cómo la propia Carmen quedó allí muda, indefensa e impotente, sin fuerzas siquiera para llorar la muerte de aquellas niñas.

Durante más de 70 horas, tres grupos paramilitares montaron en el pueblo una orgía de sangre sin que los molestara autoridad alguna. Los días previos habían mantenido combates con la guerrilla, que terminó huyendo. Entonces cayeron sobre la población civil. Los elegidos de aquella máquina de la muerte tuvieron su propio camino del calvario. Los sacaron de sus casas y los llevaron hasta el estadio municipal. Murieron 52 hombres y 8 mujeres. Muchas de ellas, empaladas por la vagina. Muchos de ellos, pasados a cuchillo. Sus cabezas sirvieron luego como balones cuando se acabó el ron y los paras decidieron matar la resaca jugando al fútbol en aquella siniestra cancha. Todos los muertos, sin exclusión, fueron previamente torturados.

La de El Salado fue una masacre anunciada, y esto no es una frase retórica. Dos meses antes, un helicóptero de los paramilitares lanzó sobre la aldea cientos de panfletos. Se advertía a los habitantes que comieran, bebieran y celebraran el año nuevo porque les quedaban muy pocos días. Hacía ya mucho tiempo que el pueblo era objeto de numerosos ataques y extorsiones por parte de la guerrilla. Y en esa especie de maldición que sufren muchos pueblos azotados por la violencia, ahora se sumaban las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia, por la supuesta complicidad de los habitantes de El Salado con las FARC.

¿Pudo evitarse la masacre? El informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica dice esto: “La Infantería de Marina incursionó en el territorio de la masacre tres días después de que ésta había comenzado, y lo hizo sólo por tierra, sin que hubiera apoyo aéreo, cuando dos helicópteros de los paramilitares sobrevolaron el territorio de la masacre durante por lo menos tres días”. Eso suena a hacer la vista gorda, como cuando Ariel Sharon miró para otro lado durante la invasión israelí de Líbano y permitió que la falange cristiana afilara los cuchillos, entrara sin oposición alguna en Sabra y Chatila y regara de muertos aquellos campos de refugiados palestinos.

10 años después de la masacre de El Salado, increíblemente, la justicia guarda silencio y e incluso también una calma cómplice. De los 450 paramilitares que se estima participaron en aquella matanza indiscriminada, sólo 15 han sido condenados. Y del lado estatal, cuatro oficiales de la Infantería de Marina recibieron una sanción disciplinaria, pese a que era la encargada de la seguridad de la zona y no hizo nada para repeler un ataque que se prolongó durante 6 días.

¿Y qué pasó con la población? Tras el ataque, unas cuatro mil personas abandonaron el corregimiento y se unieron a los cientos de miles de desplazados que ha dejado la violencia en Colombia. Años después, con la ayuda de varias ONG´s, numerosos pobladores decidieron regresar a El Salado, que por aquel entonces ya era un pueblo fantasma. ¿Y qué se encontraron? Las tierras de la región que les daban de comer habían sufrido una especie de contrarreforma agraria. Hoy la controlan los grandes inversionistas y la hectárea, que valía 300 mil pesos, hoy vale diez veces más. Los campesinos perdieron sus tierras y hoy no tienen ni dinero ni medios para recuperarlas.

El caso de El Salado es duro por su crueldad, pero representa lo que ocurre en muchas zonas de este país. Campesinos que sufren la violencia de guerrilleros y paramilitares, que se desplazan para sobrevivir, que pierden sus tierras, que en muchas ocasiones no cuentan con la protección del Estado y que se enfrentan a una justicia lenta y en muchos casos ineficaz.

10 años después de aquella masacre, los pedidos oficiales de perdón y la atención mediática que le sigue a cada aniversario siguen siendo insuficientes. Para las víctimas, y para los que sobrevivieron, como Belén Martínez, que hoy ya tiene 83 años y reconoce que aquel día, viendo los muertos amontonados en el estadio, cambió su vida, y que desde entonces ha aprendido a vivir con las penas porque lo importante es eso: vivir.

El Capo se queda en casa

A Edgar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, nunca le tembló el pulso como jefe paramilitar. Durante años comandó varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en Bolívar y Sucre. Y en esa zona bajo su control ordenó varias masacres contra campesinos que supuestamente colaboraban con las FARC. Diego Vecino fue uno de los grandes capos de ese ejército ilegal de ultraderecha que nació para defender a los ganaderos de los ataques, secuestros y sobornos de la guerrilla, y que se terminó convirtiendo en una empresa criminal que ha reconocido más de 30 mil asesinatos.

“Diego Vecino” está en prisión porque él mismo se entregó a las autoridades en 2005, para acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley del Gobierno de Uribe otorgaba penas muy cortas para los paramilitares que entregaran las armas, reconocieran sus crímenes y repararan a sus víctimas. Y “Diego Vecino”, según la fiscalía, tiene más de 1600 víctimas a las que compensar por sus tropelías.

Este jefe paramilitar, como la gran mayoría de los altos mandos de los “paras”, además de matar a civiles inocentes se ganó la vida con el negocio del narcotráfico, vigilando rutas y sacando toneladas de cocaína hacia el boyante mercado de Estados Unidos. Y por ese motivo Washington había pedido su extradición, para que siguiera el camino de los otros 14 jefes paramilitares que fueron extraditados en 2008 por inundar las calles del gigante del norte de cocaína de la mejor calidad.

Sin embargo, “Diego Vecino” no pasará el resto de sus días en un penal estadounidense. Al menos, de momento, porque la Corte Suprema de Colombia ha frenado su extradición. Y su argumento no deja lugar a dudas: el jefe paramilitar debe responder primero de los crímenes cometidos aquí, que son más graves que los relacionados con el narcotráfico.

La decisión de la Corte reconforta en parte a las familias de las víctimas, que antes veían cómo los asesinos de sus padres, hermanos o hijos abandonaban Colombia rumbo a Estados Unidos. Salían de aquí para responder ante la justicia de aquel país por delitos de narcotráfico, mientras en Sucre o Bolívar, las víctimas de sus masacres veían esfumarse toda esperanza de justicia y reparación.

Durante todo este tiempo el Gobierno colombiano ha justificado las extradiciones porque los narcos seguían delinquiendo, seguían controlando sus negocios sucios desde prisión. Y yo me pregunto si no es labor del Gobierno evitar que eso suceda, extremar la vigilancia en los penales, controlar las visitas y estrechar el cerco sobre el entorno del narco en cuestión. Porque ya han pasado casi dos décadas desde que Pablo Escobar dirigiera su imperio de narcotráfico desde la cárcel , corrompiendo a funcionarios, policías y jueces, y viviendo en una prisiónn de lujo que él mismo diseñó.

Y ni ésta es hoy la Colombia de Escobar, ni las víctimas de los paramilitares se merecen el insulto de ver salir a quienes mataron a los suyos libres de todo castigo. Porque para ellos no es lo mismo que se pudran en un penal estadounidense por delitos de narcotráfico, a que lo hagan aquí, juzgados y condenados por matar a colombianos que no comulgaban con sus ideas, o que simplemente, pasaban por allí.