Historias de la antigua Gran Colombia

¿Legalizar las drogas?

Los países del continente americano se reúnen estos días en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Allí celebrarán la VI Cumbre de las Américas, una cita que la diplomacia colombiana pretende que pase a la historia por la consecución de resultados, y no por la inclusión de bonitas promesas en la declaración final del evento, tal y como ha sucedido en las citas anteriores.

Cultivos de hoja de coca

Uno de los asuntos clave de este encuentro será el debate sobre las drogas. Por primera vez en la historia, un foro de presidentes se dispone a hablar, sin hipocresía y en un debate público, sobre un asunto que, sin duda, se ha convertido en un problema de seguridad nacional para muchos países del continente. Los gobernantes, a petición de las naciones de Centroamérica, se mirarán a la cara y se plantearán preguntas como éstas: ¿Ha fracasado el modelo actual de guerra contra el narcotráfico? ¿Es viable poner en marcha otros modelos que incluyan la despenalización del consumo, la regulación o incluso la legalización de las drogas?

Laboratorios clandestinos de cocaína

América tiene derecho a plantear el tema, porque los países del continente son víctimas de todo el proceso. Los países andinos, Colombia, Perú y Bolivia, ponen los muertos de origen. Ellos son, por ese orden, los principales productores mundiales de cocaína. Y en el caso colombiano, el narcotráfico sigue dejando miles de muertos cada año en una guerra en la que están involucrados, además de los cárteles del narcotráfico, los actores del conflicto armado que desangra el país, sobre todo, las guerrillas y los antiguos grupos paramilitares, que ahora prefieren llamar por aquí “bandas criminales”. Los países centroamericanos, débiles y pequeñas democracias, también están poniendo los muertos, porque por su territorio transita la droga que llega a México antes de cruzar la frontera estadounidense. Y en México, por supuesto, también se pasan el día enterrando víctimas en la durísima guerra que ha puesto en marcha el presidente Felipe Calderón contra los cárteles mexicanos. Esa guerra contra las drogas en el país azteca comenzó en el 2006. Desde esa fecha se han quedado por el camino 50 mil vidas, muchas de ellas decapitadas, descuartizadas o ejecutadas en un conflicto demasiado sucio como para entender de valores éticos o de las reglas de la guerra.

En Colombia, el presidente Santos ha tenido la valentía de no rehuir el debate. El mandatario dice que, en su país, la guerra contra las drogas, financiada en buena parte con los más de 6 mil millones de dólares que ha recibido de Estados Unidos dentro del llamado Plan Colombia, ha sido un éxito. Santos se agarra a las cifras que dicen que en la última década la producción de cocaína ha bajado a la mitad. Los expertos discuten esa afirmación y recuerdan que en los países andinos se ha producido un efecto burbuja. La presión militar en Colombia ha hecho que los cultivos crezcan exponencialmente en los países vecinos, sobre todo en Perú y en Bolivia. Y recuerdan también que el narcotráfico, un negocio sangriento y lucrativo del que se nutren también las guerrillas y los paramilitares, siguen alimentando un conflicto que no sólo deja muertos, sino también millones de desplazados.

Alijo de cocaína  procedente de Colombia

La guerra contra las drogas, tal y como la conocemos hoy en sus vertientes de represión militar y criminalización del consumo, la puso en marcha Richard Nixon hace ya 40 años. Y cuatro décadas después, las cifras lo dicen todo. La revista Semana daba estos días unas cifras que explican por qué ha fracasado el modelo actual de lucha contra el narcotráfico: la cocaína se ha extendido a más países (en 1980 eran 44 y hoy son 180), el consumo se ha disparado (hoy cerca de 250 millones de personas consumen algún tipo de droga) y la guerra a muerte por el control de la producción y la distribución, por el control de ese negocio ilegal, hace que 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo estén en América Latina. Estados Unidos admite el costo en vidas y en dinero del actual modelo. Pero insiste en que cualquier otra alternativa que pase por la despenalización de las drogas o su legalización, tiene un coste todavía mayor en adicciones y gastos en el sistema de salud.

De otro lado, quienes apuestan por esta despenalización, regularización o legalización, lo hacen, también, convencidos. Dicen que, en cuanto se legalice esa sustancia y la oferta sea legal, se acabará el suculento negocio que alimenta a las mafias del narcotráfico. Y sin mafias del narcotráfico no habría guerra, ni lavado de activos,  ni miles de muertos por el camino. Hace un par de años, tres ex presidentes latinoamericanos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano Cesar Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo ya pusieron este asunto a debate. Su propuesta pretende descriminalizar el consumo, porque no tiene sentido -afirman- encarcelar a quienes utilizan drogas, pero no hacen daño a otros. Los antiguos mandatarios dicen también que la droga es un problema de salud pública, y que los adictos deben ser tratados como enfermos, y no como criminales, porque la criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Su segunda recomendación apunta a la regulación de cierto tipo de drogas como la marihuana, de la misma manera que ya se ha hecho con el tabaco o el alcohol. Y apuntan que regular no es lo mismo que legalizar. Regular –dicen- es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto. Cardoso, Gaviria y Zedillo apuntan también esta conclusión: la reducción espectacular del consumo del tabaco demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento. Y la regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores, es decir, la regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga.

De todo esto se va a hablar en Cartagena, de cuál es el mejor camino para acabar con el problema: la prohibición, la regularización o la legalización. De la bella ciudad colombiana no saldrán conclusiones ni decisiones tajantes sobre el asunto. Pero se creará un grupo de trabajo que expondrá sus conclusiones en el plazo de  un año. En Cartagena, al menos,  se habrá acabado esa hipocresía de muchos mandatarios, que reconocían en privado que algo fallaba en el modelo actual de lucha contra las drogas, pero que no se atrevían a admitirlo en público. 40 años después de aquella doctrina Nixon, hay demasiado muertos en las cunetas como para romper el hielo, quitarse la máscara, y decirse a la cara lo que piensa cada uno sobre el tema. Sin tapujos, ni medias verdades.

¿Paz en Colombia?

Horas antes de que las FARC liberaran a los 10 últimos militares y policías que decían tener en su poder, la plaza central de Villavicencio, la ciudad donde aguardaban sus familias, presentaba el trasiego habitual: jubilados tomando el tinto mañanero, vendedores de fruta, lustrabotas buscando clientes de zapatos sucios y gente que cruza de un lado a otro por ese punto neurálgico de la ciudad, muy cerca del Ayuntamiento, los tribunales, la Gobernación o la catedral.  Los jubilados, la mayoría campesinos de la región que saben muy bien qué significa medio siglo de guerra en Colombia, tenían el tiempo suficiente para hablar de paz, de si las liberaciones que tendrían lugar ese día eran un paso importante hacia el final del conflicto o simple y llanamente otro engaño de las FARC. 

A ellos les pregunté esa mañana y las respuestas fueron contundentes, sin medias tintas, tal vez porque a esa edad en la que ya está más cerca el crepúsculo que el amanecer del día no hay disimulo que valga cuando se quiere opinar. La mayoría de los encuestados se mostró pesimista. No ven muy cerca la paz, pero difieren en las razones. Unos dicen que no habrá paz simplemente porque no creen en las FARC. La liberación de los secuestrados no es un gesto a aplaudir –aseguran- sino una obligación que tardaron entre 12 y 14 años en cumplir. Otros reiteran que el final del conflicto es una entelequia, porque mientras haya pobres y un país tan desigual, esa paz será ficticia y habrá gente que siga teniendo motivos para entrar en la guerrilla. Colombia, recordemos, es el segundo país de Latinoamérica con mayor desigualdad, con mayor brecha entre ricos y pobres, únicamente por detrás de Haití. Y el propio Presidente reconoció hace unos días que, o se cambia el rumbo y se logra que el crecimiento económico repercuta en todos los colombianos, o el país lleva el rumbo de superar a la paupérrima nación caribeña.

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia

La discusión de los jubilados se dio en Villavicencio, pero probablemente, también, en muchos puntos del país. Los medios de Colombia han abierto de nuevo el melón de la paz, de su cercanía, de su viabilidad,  de las posibilidades reales de fraguarse en el corto o el medio plazo, de las trabas que vendrán en el camino y de las que se están poniendo ya. Los políticos, por supuesto, han entrado en ese debate y el primero en hablar, también, fue el propio Presidente, que horas después de las liberaciones se subió a una tarima y le dijo al país que el gesto de las FARC era positivo, pero no suficiente.

Cuando se habla de paz, cada parte en conflicto plantea exigencias, condiciones para al menos sentarse a negociar. Juan Manuel Santos las dejó bastante claras: que las FARC liberen a todos los secuestrados civiles (las principales ONGs que estudian el tema los cifran entre 400 y 700), que dejen de reclutar a menores para el conflicto, que no se financien con el narcotráfico y que abandonen los atentados contra la población civil.  La guerrilla, según varios expertos, exigiría como mínimo una verdadera reforma agraria que devuelva la tierra a los miles de campesinos que la perdieron a punta de pistola y que hoy son parte de los 5 millones de desplazados que se buscan la vida lejos de sus parcelas, en otros puntos del país. Todo el mundo sabe (el Gobierno y por supuesto también las FARC) que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que aprobó el Gobierno hace un año hace aguas por todas partes. Se ha entregado poquísimas parcelas, y los líderes campesinos que se atreven a reclamar sus tierras están cayendo como moscas a manos de los mismos victimarios que años atrás les robaron sus tierras apuntando sobre sus cabezas, con sutiles amenazas del tipo “te vas o te mato”.

Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", máximo jefe de las FARC

La última vez que el Gobierno y las FARC se sentaron a negociar fue durante las conversaciones de paz del Caguán, a finales de los 90 y principios de la década del 2000. Era una época en la que la guerrrilla casi somete al Estado, incapaz de controlar a una insurgencia que dominaba amplias zonas de Colombia. Para poder negociar, el entonces presidente, Andrés Pastrana, desmilitarizó una región del sur del país del tamaño de Suiza. Y en esa pequeña Suiza las FARC hicieron lo que les vino en gana, básicamente, reforzarse, aumentar el número de la tropa hasta casi los 20 mil hombres, seguir secuestrando y llenar sus arcas con el dinero del narcotráfico. Ese intento de paz se fue a pique, las FARC engañaron a Pastrana y al país, y por eso hoy la memoria colectiva de los colombianos sigue viendo con escepticismo cualquier mención a las negociaciones de paz.

Y sin embargo, ¿es posible alcanzar la paz? Hay factores para ser optimistas. Las fuentes cercanas a Juan Manuel Santos afirman que el mandatario quiere pasar a la historia como el Presidente que ponga fin a esta guerra. Santos, además, tiene hoy una popularidad que supera el 75%, un importantísimo aval para convencer al país de que la guerra se puede acabar. Y el actual jefe de la guerrilla,  alias “Timochenko”, es uno de los miembros del Secretariado (el órgano de decisión de la guerrilla) que piensan que la revolución con la que soñaron ya no es posible, que tal y como están las cosas pueden seguir combatiendo por un reparto más justo de la tierra, pero que realmente es improbable que con el fusil al hombro puedan tomarse el poder.  La guerrilla no está muerta, ni mucho menos. Es cierto que sus principales jefes murieron, rodeados o bombardeados, en los últimos tres años; es cierto que ya no tiene 20 mil sino 7 mil hombres armados, que sus hombres ya no pasan más de dos noches seguidas en un campamento por miedo a un bombardeo aéreo como el que mató a Raúl Reyes, al Mono jojoy o a más de 70 guerrilleros en las últimas semanas. Es cierto que la superioridad tecnológica del Ejército está golpeando muy duro a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero no es menos cierto que ahora se mueven en grupos más reducidos y mucho más móviles, y con esa nueva guerra de guerrillas siguen causando bajas a la tropa oficial. 2011 fue el año con más bajas en el ejército desde 2003, cuando empezó la política de seguridad democrática con el presidente Álvaro Uribe. En los últimos meses, además, las FARC han multiplicado los ataques contra los oleoductos e instalaciones petroleras, el nuevo motor económico del país.  

Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, alias "Tirofijo"

Y en esa tesitura nos encontramos ahora. Pasamos de escuchar un duro golpe contra la guerrilla a una respuesta brutal de las FARC. Caen 30 guerrilleros en un bombardeo del Ejército y al día siguiente mueren 11 soldados en una emboscada de las FARC. ¿Por qué esta lógica de ataques y contraataques? Muchos expertos dicen que ambos bandos quieren demostrar su fuerza de cara a una posible negociación de la paz. El Presidente Santos siente que tiene la sartén por el mango, y eso implica que si se sienta a negociar no cruzará líneas rojas: no entregará territorio desmilitarizado a la guerrilla y sólo aceptará una agenda muy recortada. Todo el mundo da por supuesto que Santos, que ahora está en la mitad de su mandato, se presentará a la reelección. Y eso indica que, si se la juega, lo hará en el segundo mandato, porque todavía la paz está verde y hablar de negociación le costaría un alto precio político, sobre todo entre los sectores más conservadores de un país tan conservador como Colombia.

Parece poco probable que a corto plazo podamos veamos el fin de esta guerra. Y habrá que ver si Santos se la juega más adelante. Ojalá no lo haga demasiado tarde, para que al menos los jubilados de Villavicencio se vayan al otro lado con la alegría de ver, medio siglo más tarde, que el adiós a las armas fue posible en un país donde pocos apostaban por jugarle a la paz.

La terapia del reencuentro

Aquel martes por la tarde, Jennifer cumplió el ritual. La niña de 8 años esperó la llegada de su padre, que ese día abrió la puerta de casa un poco más tarde de lo normal. El intendente jefe de la Policía Carlos José Duarte se tendió en la cama, como era costumbre, y le pidió a Jennifer que diera inicio a la rutina habitual. La niña se descalzó y de un salto ya estaba sobre el colchón. Luego comenzó a andar sobre la espalda de su padre, de arriba abajo y de abajo arriba. Las caminatas de Jennifer eran la mejor terapia para Carlos, porque las plantas de los pies de la pequeña le daban el masaje necesario en unos músculos que acumulaban demasiadas tensiones tras una larga jornada laboral.

Jennifer, su hermano y su hija, días antes de las liberaciones

Aquel 9 de julio de 1999 las caminatas se interrumpieron sin previo aviso. Llegó el 10 de julio, y luego el 11. El 11 dio paso al 12 y el 12 al 13. Los días iban cayendo, luego los meses y después los años. Y cada tarde Jennifer se preguntaba por qué no se abría la puerta de la casa, por qué no concluía el viaje que, según le contaron, había emprendido su papá. El 10 de julio de 1999, a la hora del masaje,  Carlos José Duarte caminaba, con las manos atadas y a punta de pistola,  hacia un punto indeterminado de las selvas de Colombia. Horas antes, un grupo de guerrilleros tomó la estación de policía de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Los policías que no murieron fueron secuestrados por las FARC. Tres años antes, en 1996, la guerrilla había iniciado los secuestros masivos de uniformados y de políticos. Cientos de personas terminaron desfilando, tras largos días de caminatas, hacia los campamentos guerrilleros. Allí llegaban  como rehenes y como un preciado botín para la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los ponían de anzuelo para presionar políticamente al Gobierno y para canjearlos, en lo que se ha llamado intercambio humanitario, por cientos de guerrilleros presos en las cárceles del Estado.

Casi 13 años después, Jennifer, su madre y su hermano esperaban el regreso del padre en una sala reservada del aeropuerto de Villavicencio. Carlos José Duarte era uno de los 10 militares y policías que prometió liberar la guerrilla, y ese día llegaría en un helicóptero brasileño con el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nadie, salvo los familiares, pudo ver el reencuentro, porque esta vez el Gobierno impidió que las familias se abalanzaran sobre los liberados en plena pista del aeródromo. Carlos regresó a la libertad. Y lo hizo como todos, con más arrugas, más canas y menos peso, y con esa cara de alegría indisimulada y de cansancio acumulado que traen todos los secuestrados.

Carlos José Duarte (izquierda) y su hijo, un día después de las liberaciones

Un día después, Jennifer era un manantial de felicidad mientras observaba, en un lateral del patio central de la Dirección General de la Policía, la rueda de prensa de Carlos y de sus compañeros de cautiverio. Jennifer, que hoy tiene 21 años, escuchó las palabras del papá: su convicción de que la guerrilla está débil, pero no muerta; las dificultades para moverse que tienen las FARC; el miedo a los aviones, que les lleva a no estar más de dos noches en el mismo campamento. Jennifer escuchaba todo esto, probablemente, echando la vista atrás. Mirando la cara de un hombre que pasó la mayoría del tiempo en cautiverio encadenado, y que leyó la última carta que le envió su hija un día lejano de 2001. Durante el secuestro de Carlos, Jennifer acabó la primaria, sopló 13 veces, una por año,  las velas de un pastel, celebró la fiesta de 15 sin bailar con su padre, y fue madre de una niña que acaba de cumplir 3.

Jennifer y los cientos de niños que crecieron mientras sus padres se pudrían encadenados en la selva, son lo que en Colombia llaman hoy “los hijos del secuestro”.  Una generación de niños que creció sin padres, y que ahora, de la noche a la mañana, tienen en casa a una figura  que  desconoce gran parte de sus vidas. Y más allá de la felicidad puntual e inevitable del reencuentro, los secuestrados y sus familias inician ahora un  proceso delicado y complejo: la terapia del reencuentro. ¿Cómo ubicar a una persona que salió hace 10,12 o 14 años de su casa y que jamás regresó?. ¿Cómo contarle el paso del tiempo, los sueños, los fracasos, las alegrías y las tristezas, los amores y desamores, los recuerdos y los planes de futuro?.

Los psicólogos dicen que los secuestrados se consideran, ellos mismos, muertos en vida. Vagan por la selva obedeciendo el dictado de un hombre armado sin más esperanzas que llegar vivo al día siguiente, sabiendo que su vida depende de la voluntad ajena  del comandante o  el carcelero de turno. Y sabiendo también que los intentos de fuga suelen terminar con un consejo de guerra que te declara extraoficialmente muerto antes de que te amarren a un palo y sientas, por ese orden, el ruido del disparo, el escalofrío y el calor de la bala que penetra en tu cuerpo y te declara, esta vez sí, oficialmente muerto. Por eso, dicen también los psicólogos,  la gran mayoría de los secuestrados ven la liberación como una especie de resurrección a la que no es fácil acostumbrarse. Los secuestrados llegan a un mundo extraño, no al que dejaron atrás más hace más de una década. Se sienten como fichas nuevas  en un tablero que desconocen. Desconocen a la mayoría de sus hijos, que tenían muy pocos años, meses, o estaban en gestación cuando fueron apresados. Y se encuentran con la realidad de que no todos los esperaron. Hay mujeres que rehicieron sus vidas, e hijos que deben asimilar de mayores la figura de un padre que casi nunca tuvieron.

Los psicólogos dicen también que, tras un período de euforia, luego llega lo peor. Entre los antiguos secuestrados se multiplican los casos de depresión, estrés postraumático, esquizofrenia y falta de sueño. Enfermedades que no se curan de la noche a la mañana y que exigen a las familias otra dosis extra de paciencia. Pero eso, el apoyo de las familias y la paciencia, son los pilares que permiten la recuperación. Antes vendrá una dura rutina difícil de asimilar para los secuestrados y, por su puesto, para las familias. El protocolo médico dosifica las visitas. Durante 15 días los ex secuestrados  vivirán en un hospital, sometidos a intensos chequeos médicos y psicológicos  y con visitas restringidas de sus seres queridos. Eso lo cuenta, por ejemplo, Alan Jara, un político que compartió cautiverio con muchos de los 10 uniformados que acaban de liberar, a los que daba clases de ruso para matar el tiempo mientras los días pasaban en la espesura de la selva colombiana. A Alan lo liberó la guerrilla hace ya unos tres años, y en ese tiempo ha podido reintegrarse a su familia y al mundo de una manera ejemplar. Alan retomó su vida política, se presentó a unas elecciones y hoy es el gobernador del departamento del Meta, esa región al sur de Bogotá donde viven 7 de las 10 familias de los últimos secuestrados.

Carlos José Duarte, en una prueba de vida durante su cautiverio

Estos años, Alan ha estado en permanente contacto con Jennifer y con su madre, Gloria Marín, una mujer que ha combatido la ausencia de Carlos trabajando como gestora de paz y pensando que, algún día, volvería a una pista de baile con su marido para bailar salsa, para “gozarla y azotar baldosa”, como dicen por acá. Y Alan les habrá dicho que todo llevará su tiempo, que  habrá que ir piano piano, pero que, por qué no, Gloria y Carlos volverán a dejarse llevar juntos con algún tema de Joe Arroyo, mientras la hija de Jennifer duerme y guarda energías porque al día siguiente su abuelo le dirá que se descalce y comience a trepar por su espalda.