¿Legalizar las drogas?
Los países del continente americano se reúnen estos días en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Allí celebrarán la VI Cumbre de las Américas, una cita que la diplomacia colombiana pretende que pase a la historia por la consecución de resultados, y no por la inclusión de bonitas promesas en la declaración final del evento, tal y como ha sucedido en las citas anteriores.
Uno de los asuntos clave de este encuentro será el debate sobre las drogas. Por primera vez en la historia, un foro de presidentes se dispone a hablar, sin hipocresía y en un debate público, sobre un asunto que, sin duda, se ha convertido en un problema de seguridad nacional para muchos países del continente. Los gobernantes, a petición de las naciones de Centroamérica, se mirarán a la cara y se plantearán preguntas como éstas: ¿Ha fracasado el modelo actual de guerra contra el narcotráfico? ¿Es viable poner en marcha otros modelos que incluyan la despenalización del consumo, la regulación o incluso la legalización de las drogas?
Laboratorios clandestinos de cocaína
América tiene derecho a plantear el tema, porque los países del continente son víctimas de todo el proceso. Los países andinos, Colombia, Perú y Bolivia, ponen los muertos de origen. Ellos son, por ese orden, los principales productores mundiales de cocaína. Y en el caso colombiano, el narcotráfico sigue dejando miles de muertos cada año en una guerra en la que están involucrados, además de los cárteles del narcotráfico, los actores del conflicto armado que desangra el país, sobre todo, las guerrillas y los antiguos grupos paramilitares, que ahora prefieren llamar por aquí “bandas criminales”. Los países centroamericanos, débiles y pequeñas democracias, también están poniendo los muertos, porque por su territorio transita la droga que llega a México antes de cruzar la frontera estadounidense. Y en México, por supuesto, también se pasan el día enterrando víctimas en la durísima guerra que ha puesto en marcha el presidente Felipe Calderón contra los cárteles mexicanos. Esa guerra contra las drogas en el país azteca comenzó en el 2006. Desde esa fecha se han quedado por el camino 50 mil vidas, muchas de ellas decapitadas, descuartizadas o ejecutadas en un conflicto demasiado sucio como para entender de valores éticos o de las reglas de la guerra.
En Colombia, el presidente Santos ha tenido la valentía de no rehuir el debate. El mandatario dice que, en su país, la guerra contra las drogas, financiada en buena parte con los más de 6 mil millones de dólares que ha recibido de Estados Unidos dentro del llamado Plan Colombia, ha sido un éxito. Santos se agarra a las cifras que dicen que en la última década la producción de cocaína ha bajado a la mitad. Los expertos discuten esa afirmación y recuerdan que en los países andinos se ha producido un efecto burbuja. La presión militar en Colombia ha hecho que los cultivos crezcan exponencialmente en los países vecinos, sobre todo en Perú y en Bolivia. Y recuerdan también que el narcotráfico, un negocio sangriento y lucrativo del que se nutren también las guerrillas y los paramilitares, siguen alimentando un conflicto que no sólo deja muertos, sino también millones de desplazados.
Alijo de cocaína procedente de Colombia
La guerra contra las drogas, tal y como la conocemos hoy en sus vertientes de represión militar y criminalización del consumo, la puso en marcha Richard Nixon hace ya 40 años. Y cuatro décadas después, las cifras lo dicen todo. La revista Semana daba estos días unas cifras que explican por qué ha fracasado el modelo actual de lucha contra el narcotráfico: la cocaína se ha extendido a más países (en 1980 eran 44 y hoy son 180), el consumo se ha disparado (hoy cerca de 250 millones de personas consumen algún tipo de droga) y la guerra a muerte por el control de la producción y la distribución, por el control de ese negocio ilegal, hace que 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo estén en América Latina. Estados Unidos admite el costo en vidas y en dinero del actual modelo. Pero insiste en que cualquier otra alternativa que pase por la despenalización de las drogas o su legalización, tiene un coste todavía mayor en adicciones y gastos en el sistema de salud.
De otro lado, quienes apuestan por esta despenalización, regularización o legalización, lo hacen, también, convencidos. Dicen que, en cuanto se legalice esa sustancia y la oferta sea legal, se acabará el suculento negocio que alimenta a las mafias del narcotráfico. Y sin mafias del narcotráfico no habría guerra, ni lavado de activos, ni miles de muertos por el camino. Hace un par de años, tres ex presidentes latinoamericanos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano Cesar Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo ya pusieron este asunto a debate. Su propuesta pretende descriminalizar el consumo, porque no tiene sentido -afirman- encarcelar a quienes utilizan drogas, pero no hacen daño a otros. Los antiguos mandatarios dicen también que la droga es un problema de salud pública, y que los adictos deben ser tratados como enfermos, y no como criminales, porque la criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Su segunda recomendación apunta a la regulación de cierto tipo de drogas como la marihuana, de la misma manera que ya se ha hecho con el tabaco o el alcohol. Y apuntan que regular no es lo mismo que legalizar. Regular –dicen- es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto. Cardoso, Gaviria y Zedillo apuntan también esta conclusión: la reducción espectacular del consumo del tabaco demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento. Y la regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores, es decir, la regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga.
De todo esto se va a hablar en Cartagena, de cuál es el mejor camino para acabar con el problema: la prohibición, la regularización o la legalización. De la bella ciudad colombiana no saldrán conclusiones ni decisiones tajantes sobre el asunto. Pero se creará un grupo de trabajo que expondrá sus conclusiones en el plazo de un año. En Cartagena, al menos, se habrá acabado esa hipocresía de muchos mandatarios, que reconocían en privado que algo fallaba en el modelo actual de lucha contra las drogas, pero que no se atrevían a admitirlo en público. 40 años después de aquella doctrina Nixon, hay demasiado muertos en las cunetas como para romper el hielo, quitarse la máscara, y decirse a la cara lo que piensa cada uno sobre el tema. Sin tapujos, ni medias verdades.