Livni se queda sin Harrods
Hoy se me hace difícil respirar en Jerusalén. Tengo mucha tos y hay hamsin, una especie de tormenta de arena que lo llena todo de polvo. Los diminutos granos de polvo se meten en los pulmones y los ojos molestan mucho. Pienso en ello mientras me dirijo a la Universidad Hebrea de Jerusalén. He quedado con un profesor de ciencias políticas, Mario Schneider.
-La ofensiva contra Gaza – dice – cambió el panorama político de la zona. Ha reducido los lanzamientos de cohetes palestinos en un 90% pero también ha perjudicado a Israel. Se ha acusado al ejército de uso desproporcionado de la fuerza y varios países han admitido a trámite denuncias contra miembros del gobierno y la clase política.
Las autoridades israelíes están que se suben por las paredes. La jefa de la oposición, la ex ministra de Exteriores, Tzipi Livni, se ha tenido que quedar en casa para no ser arrestada en Londres. Un tribunal británico había dictado una orden de detención para investigar su responsabilidad en la operación “Plomo Sólido” que el ejército israelí desató contra la franja de Gaza, a finales del año pasado. Según la mayoría de las ONGs y la ONU, murieron unos 1.400 palestinos, más de la mitad civiles – muchos de ellos mujeres y niños – y 13 israelíes, 10 de ellos militares que participaron en los combates.
Tzipi Livni, jefa de la oposición israelí
Israel asegura que era una operación para acabar con los lanzamientos de cohetes Qassam desde la franja de Gaza contra sus ciudades fronterizas. Más de 20 Israelíes han muerto en los 8 años que la organización integrista Hamas ha estado disparando esos proyectiles. En el mismo periodo, han muerto cerca de 3.000 palestinos en los diferentes ataques de la aviación y el ejército hebreo.
Hace unos meses, un juez surafricano de origen judío, Richard Goldstone, realizó un informe para las Naciones Unidas. Su conclusión fue que había indicios suficientes de que, tanto Israel como Hamas, habían cometido crímenes contra la humanidad durante la citada operación. El informe era especialmente crítico con Israel, que puso el grito en el cielo y lo tachó de parcial, entre otras cosas.
El juez Goldstone
No es la primera vez que algún miembro del gobierno hebreo tiene que cancelar un viaje ante la posibilidad de que le detengan en un país extranjero. Hace unos meses, el juez Andreu, de la Audiencia Nacional española, admitió una denuncia contra varios dirigentes israelíes, entre los que estaba el ministro de defensa Ehud Barak.
Este tipo de actuaciones de la justicia no son bien recibidas en Israel. Generalmente se suele responsabilizar a los gobiernos de los países de donde ha surgido la denuncia y apelar a ellos para que corrijan la situación. Es extraño porque éste es un país que presume de ser la única democracia de Oriente Próximo y se supone que la independencia del poder judicial está fuera de toda duda.
Hace unos meses, cuando fue la justicia española la que hizo lo mismo, entrevisté a un analista palestino, el doctor Yad Isaah, en su despacho de Ramala.
-Si hubiera un tribunal internacional competente – dijo – no habría que recurrir a la justicia de los países. Pero nadie persigue los crímenes de los ocupantes. A un palestino le llaman terrorista porque pone una bomba en una cafetería. Posiblemente lo sea pero, ¿qué pasa con el militar que dispara su cañón contra una casa llena de civiles, mujeres y niños? Ha ocurrido muchas veces. ¿Es inocente por vestir un uniforme?
Sin embargo, sólo los tribunales internacionales creados ad hoc, es decir, específicamente para determinados casos –como el de Ruanda o la antigua Yugoslavia– pueden juzgar a un responsable político o militar por crímenes de guerra.
Protestas en Teherán. 
