La deuda de la siguiente generación

La similitud del gráfico con el avance de un proceso viral que conduce a un final  funesto es correcta. El paralelismo resulta aún más dramático en la versión interactiva original de la web The Bay Citizen: los círculos crecen y ganan en roja intensidad como células irreparablemente enfermas.

Aunque no se trata de la representación de una malformación biológica invasiva, las consecuencias son igual de terminales. El gráfico representa la carga de los capital appreciation bonds sobre las comunidades californianas, un regalo envenenado de las entidades financieras cuyas consecuencias ya son conocidas como "la deuda de la siguiente generación".

Para resumir el parte de lesiones: universidades, institutos y otras instituciones públicas y comunitarias de California han acudido al polémico producto de crédito para pedir prestados, desde 2007, 9.000 millones de dólares (unos 6.500 millones de euros).

En los próximos 40 años, una vez añadidos los intereses ocultos, tendrán que devolver 36.000 millones (26.400 millones de euros), un 250% más de lo que recibieron.

En el mercado financiero hispano no hay equivalente para los capital appreciation bonds (textualmente, bonos sobre la revalorización del capital), que en los EE UU solicitan con soberana alegría las instituciones públicas locales. Cuando los ayuntamientos necesitan liquidez para afrontar proyectos de inversión, emiten bonos de crédito a través de intermediarios financieros y, lo que es peor, no están obligados a informar a los benefactores sobre los intereses y condiciones de devolución del dinero.

En el estado de California, donde la deuda pública es endémica y estratosférica —617.000 millones de dólares a día de hoy, 452.000 millones de euros, la más alta de todo el país con una diferencia de más del doble con respecto al segundo clasificado en el ranking de endeudamiento—, los municipios, como el resto de las administraciones públicas, son gobernados con la temeraria confianza en previsiones de ingresos que siempre están infladas. Al no cumplirse éstas, los ayuntamientos tiran de la emisión de bonos de crédito.

La ley estatal es especialmente permisiva y opaca y los ciudadanos-votantes ni siquiera son informados del altísimo interés que se aplica a los préstamos.

Los créditos son especialmente peligrosos porque posponen el comienzo de los pagos y tienen un coste final que puede llegar a ser hasta 23 veces mayor que el importe recibido. Las empresas financieras, bancos y agencias de inversión que gestionan los préstamos tampoco están obligados a informar a las autoridades sobre sus manejos y tarifas.

Ningún otro estado del país está tan atado a la devolución del dinero obtenido por esta vía como el californiano. Hay al menos 400 distritos educativos que han hipotecado su futuro acudiendo a los capital appreciation bonds, cuyos peligros ya han comenzado a ser advertidos por otras administraciones. El estado de Michigan han sido el primero en prohibirlos.

La situación puede compararse con la de un artefacto explosivo enterrado pero todavía activo que tiene la capacidad de dinamitar el futuro económico del estado más rico (pero más endeudado) de los EE UU.