Los activistas antiespionaje obligan a la NSA a desclasificar 1.800 documentos
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha dado un varapalo de dimensión histórica a la National Security Agency (Agencia Nacional de Inteligencia, NSA), el Gran Hermano del Ministerio de Defensa de los EE UU en el que 30.000 funcionarios se dedican a espiar e interceptar cada día 1.700 millones de comunicaciones telefónicas y electrónicas, según supimos gracias a la valentía del disidente Edward Snowden.
La EFF, un grupo de abogados con sede en San Francisco que lleva más de veinte años luchando por la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en la esfera electrónica, ha logrado que la NSA desclasifique 1.800 documentos que hasta ahora eran considerados secretos y no podían ser consultados por los ciudadanos.
Se trata de informes del United States Foreign Intelligence Surveillance Court (Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los EE UU, FISC), el organismo jurídico que concede a la NSA permiso para rastrear y espiar comunicaciones y ésta utiliza para entrar con casi total impunidad en los discos duros que albergan los metadatos de las empresas de telefonía e Internet, que no han destacado precisamente por defender la privacidad de sus clientes —sólo en el último semestre de 2010 Facebook y Microsoft recibieron peticiones de espionaje a 19.000 y 32.000 usuarios respectivamente y las entregaron sin rechistar—.
El asunto tiene especial importancia porque algunos de los análisis jurídicos apuntan que la NSA no tenía derecho a desarrollar el programa de espionaje dado que la Patriot Act, la ley de 2001 que coordina los trabajos de inteligencia antiterrorista, no faculta a la agencia, como ésta sostiene, para el control indiscriminado de comunicaciones sin que medie una orden judicial previa de un tribunal de la administración ordinaria de justicia.
La EFF, el 16 de junio, y luego la American Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles) han demandado al Gobierno de Obama por entender que el espionaje discrecional es anticonstitucional. A la acción judicial —muy silenciada por gran parte de los medios de comunicación estadounidenses— se han sumado ya 22 organizaciones civiles, sociales y religiosas. El proceso, que está sustanciando un tribunal de distrito de California, el mismo que ha ordenado la publicación de los informes secretos, podría llegar, según los demandantes, al Supremo.
La EFF ha colgado en su web todos los documentos desclasificados. Pueden encontrarse aquí y aquí en formato PDF y en inglés. El Gobierno, que negó todas las acusaciones de Snowden en un primer momento —empleando la habitual acusación de traidor a la patria e insinuando desarreglos mentales—, ha tenido, a la chita callando, que admitir que niguna de las revelaciones del exempleado de una empresa de servicios de la NSA era mentira.
Ahora, en un movimiento muy geek, la administración ha abierto un Tumblr donde también postea los informes revelados por orden judicial. Hay una diferencia muy reveladora entre los demandantes y demandados: los primeros permiten que en los farragosos PDF se pueda buscar por palabras o términos; en los del Gobierno han capado la opción.
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