Informar en Nicaragua

Nicaragua tiene un puñado de buenos periodistas. Estos días, los premios Ortega y Gasset se han acordado de uno de ellos, Octavio Enríquez.

Enríquez trabaja en el equipo de investigación del diario La Prensa de Managua. Dedicó una serie de reportajes a desenmascarar a uno de los viejos héroes de la revolución sandinista Tomás Borge, en la actualidad embajador de Nicaragua en Lima.

Tomás Borge es un intelectual que siempre ha disfrutado del arte de la elocución. Fino estilista de la palabra. Seguramente por eso, los hermanos Ortega le relegaron a plazas de segunda categoría durante los multitudinarios mítines con los que ensancharon su ego los triunfantes herederos del general Sandino. Cuentan que Daniel Ortega escribió su nombre en la lista del primer Gobierno sandinista. Y le situó al frente del Ministerio del Interior con la esperanza de que Estados Unidos le vetara. Como arma de negociación. Pero a Jimmy Carter no le pareció mal y Ortega tuvo que mantenerle por coherencia. A Borge, decepcionado, lo que en verdad le apetecía era gestionar la nueva diplomacia sandinista.

Según la información del diario La Prensa, Borge acumuló más de dos millones de dólares por la venta de cuatro fincas cercanas a Granada, la bella ciudad a orillas del lago Nicaragua. ¿Cómo consiguió esas fincas? También asegura que el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social financió una clínica privada vinculada a Tomás Borge.

Tomás Borge es un héroe, padre del Frente Sandinista de Liberación Nacional junto a Fonseca y Mayorga. Pero Borge también es un tipo que tendría mucho que explicar de la famosa piñata nicaragüense. La piñata surgió en 1990 –con la derrota electoral del sandinismo aún fresca- con la idea justa y revolucionaria de conceder títulos de tierras al campesinado históricamente desheredado. Pero muchos la interpretaron a su manera, con un “aquí vale todo”. Revolucionarios de papel se apropiaron de casas, coches y plata. Borge mismo se dedicó a ofrecer puñados de dólares a amigos y conocidos. Pero, claro, qué se puede esperar de las bases cuando el líder, Daniel Ortega, sigue viviendo en la casa que expropió a un empresario vinculado a la Contra y que ahora, paradojas del destino, es su vicepresidente.

Ejercer el periodismo en Nicaragua no es fácil. Ortega es un presidente que huye de los medios de comunicación. El Gobierno ni confirma ni desmiente. Silencio.

En Portada emite este domingo un reportaje sobre estos últimos cuatro años de nuevo sandinismo. Daniel Ortega no ha querido hablar para En Portada. Tampoco ha querido darnos su versión el responsable máximo de la empresa Albanisa, con la que Ortega financia obras sociales, actividades partidarias e incluso adquiere empresas que luego gestionan sus familiares. Tampoco quiso hablar el contralor de la República, que se supone debería opinar sobre la legalidad o ilegalidad de estas actividades… Y así. Los compañeros de investigación de La Prensa con los que charlamos en la redacción de Managua se quejaban de lo difícil que es confirmar oficialmente cualquier dato, por irrelevante que sea.

Muchos sandinistas -más de los que imagina el propio Ortega- opinan que la estrategia de comunicación es errónea, pero la decide Rosario Murillo, esposa del presidente, y eso en Nicaragua es mucho decir…

Vuelvo de Nicaragua con la impresión de que los valores del sandinismo; los objetivos por los que murió Augusto C. Sandino; las ilusiones por las que se dejaron la vida en la montaña miles de guerrilleros sólo puede pasar por una verdadera regeneración de FSLN. Los viejos héroes cumplieron su papel -y algunos se lo han cobrado bien- y es momento de dar el relevo a los jóvenes.

Comments

[Mala dijo]

Qué ganas de ver el reportaje del domingo!

[DOCUMENTANDO dijo]

El día 22 de Marzo, en Saravena, departamento de Arauca, cayó fulminada de cinco certeros disparos en la cabeza la jueza Gloria Constanza Gaona. Tenía 37 años de edad cuando un sicario, sin amenaza previa, le arrebató la vida en pleno centro de esa ciudad. Ella llevaba el caso por el crimen de los menores Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), que fueron secuestrados por soldados de la Octava división del Ejército colombiano (5ª Brigada Móvil) de su finca en el Municipio del Tame (Arauca), mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas.
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El crímen de Tame conmovió y asqueó a la opinión pública colombiana, al menos por un par de días, pero como todos los crímenes en los cuales se encuentran involucrados miembros de la fuerza pública, se encuentra envuelto hasta la fecha en la más indignante impunidad.
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La impunidad que rodea los casos de crímenes de Estado, que involucran a miembros de la fuerza pública no es fruto del azar, sino que una política conciente elaborada por las élites que dirigen al país.
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Documentos filtrados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (la “policía política” colombiana), revelaban el concepto de la “Guerra Jurídica”, según la cual se busca impedir la acción de la oposición manteniéndola a la defensiva mediante la saturación de juicios y montajes judiciales.
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Esta definición que el DAS utilizó para racionalizar su estrategia de acoso jurídico a la oposición legal, demuestra que el Estado colombiano entiende la persecusión política como una continuidad de sus políticas contrainsurgentes: cualquier forma de oposición, legal o ilegal, armada o pacífica, debe ser aplastada y para ello se sirven de los mismos métodos.
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La idea anterior de la guerra judicial, de convertir a las cortes literalmente en una prolongación del campo de batalla, la expresó de manera concisa en Marzo del 2009, con palabras más o menos elegantes, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de la república: “seguiremos con el tema de la judicialización, trabajando en coordinación con la Fiscalía, esto con el fin de lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo”. Es decir, el Ministerio de Defensa toma parte activa en las judicializaciones; tal intromisión en la competencia de otra rama del Estado, hace que no haya más que un paso de la imposición de fiscales y jueces de bolsillo, a la presión y la amenaza.

[Indiana dijo]

Que pena de revoluciones olvidadas, que pena de idealismo perdido. La verdad, resulta bastante frustrante que hoy en día lo que mueve a nuestros políticos sean intereses personales y enriquecimiento personal.