Otros encarcelados injustamente

A raíz de los días de cárcel de Juan López de Uralde, el responsable de Greepeace España, nos acordamos de otros muchos encarcelados injustamente que llenan los calabozos de medio mundo.

De las muchas cárceles y mazmorras que hemos visitado -y seguimos visitando- recuerdo las comisarías de Fortaleza, en el nordeste brasileño. Íbamos con Marco Passerini, un misionero comboniano que se preocupa de los presos en esa ciudad. Grabamos en la comisaría del barrio de Pirambú, una de las 45 que hay en la ciudad.
Los sindicatos de la policía civil apoyan a este misionero en sus reivindicaciones y bajar con él a los calabozos es lo más parecido a bajar a los infiernos: en cada una de las tres celdas hay 13 personas que permanecen allí todo el día. El calor es sofocante y unos desvencijados ventiladores apenas pueden mitigar las altas temperaturas. El hacinamiento que sufren estos detenidos, en su mayoría jóvenes que han cometido pequeños delitos, puede entrar en el catálogo de las más brutales formas de tortura. Unas dos mil personas están en esas condiciones en Fortalez. La ley no permite que los detenidos pasen más de diez días en comisaría, sin embargo los hay que llevan meses viviendo en unas condiciones infrahumanas.

Francisco Lusimar, del sindicato de Policía Civil, nos dice que "los presos que están en las comisarías han perdido no sólo su libertad sino, también, su dignidad. Sólo comen si alguien les hace el favor de traerles algo, no pueden dormir porque no tienen espacio, no se les respeta ningún derecho de los que contempla la Constitución”
Marco Passerini añade: "el estar con ellos, intercambiar unas palabras, una pequeña oración, compartir un pedazo de pan... todo tiene su significado. La sociedad se quiere vengar de quien cometió un delito y nosotros queremos demostrar que la venganza no es la salida. Venganza es violencia. Nadie por estar encerrado se recupera gracias a la cárcel. Nadie que esté preso se va a rehabilitar, nadie aprende a vivir en libertad si está encerrado. Vemos los problemas que hay y los trasladamos fuera: al delegado, al secretario de seguridad y justicia, al propio Gobierno. Contactamos con los abogados, con el ministerio público y hacemos un papel de mediación entre los reclusos y las autoridades políticas y judiciales, sabiendo que nuestra palabra vale muy poco. La palabra del preso no tiene valor, puede reclamar pero nadie le cree; la palabra de las familias no vale nada; la palabra de quienes nos preocupamos por ellos tampoco vale. Es difícil, pero asumimos ese papel”.
El coste mensual de un interno en una prisión es de 1.000 reales. Al año, el gobierno federal se está ahorrando 24 millones a costa de maltratar así a los detenidos. Sigue haciendo falta gente como el padre Marco que denuncie esta situación.
Los sindicatos acudieron al arzobispo: "fuimos a verle y se entrevistó con el gobernador para presentarle estos problemas. Al gobernador no le gustó la intervención del arzobispo porque decía que se estaba metiendo en un tema que no compete a la Iglesia. Él le contestó que claro que le importa a la Iglesia, y a toda la sociedad, porque estas personas que están aquí son parte de la sociedad y nosotros tenemos nuestra responsabilidad, directa o indirectamente”.