MÁS MERCENARIOS PARA IRAK
La noticia apenas ha cruzado las fronteras de Liberia, cuya modesta prensa le concedió una importancia que los grandes medios habrían de negarle: pese a los cambios prometidos por Obama, prosigue la contratación de mercenarios para prestar servicios en Irak. Tras explotar la cantera sudamericana, las empresas paramilitares estadounidenses han pasado a reclutar efectivos en países africanos con abundante mano de obra castrense, experta en métodos despiadados, y que parecen garantizar una mayor discreción.
El escándalo saltó hace un par de semanas en la ciudad portuaria de Buchanan, pero se hizo todo lo posible por sofocarlo antes de que cundiera. El 4 de marzo, la agencia African Press informaba a sus abonados de que el gobierno de Liberia había ordenado a la Corporación Internacional C&J que interrumpiera el reclutamiento de jóvenes con entrenamiento militar. Seis días antes, dicha compañía había solicitado permiso para la contratación de 250 hombres de entre 17 y 30 años, para efectuar tareas de seguridad en Irak. El ministro de Trabajo, Samuel Kofi Woods, argumentó su negativa por ‘violar la sección 1506 de las prácticas de trabajo en Liberia.’
La paga ofrecida por C&J resultaba tentadora: un mínimo de 3.000 dólares al firmar y 300 por cada día de servicio. Una fortuna para los antiguos combatientes de una guerra civil caracterizada por su extrema crueldad, con el constate recurso a las mutilaciones de pies o manos. Una suma de dinero que permitiría pagar deudas, dejar a la familia atrás con cierta seguridad y soñar con un regreso próspero. Por eso la noticia de la prohibición oficial del reclutamiento corrió como la pólvora entre miles de aspirantes a mercenarios. (Puede leerse en www.liberianobserver.com)
En seguida, la embajadora norteamericana corrió a echar agua sobre el incipiente incendio político: Linda Thomas-Greenfield aseguró que los Estados Unidos no tenían nada que ver con los negocios de C&J. Y que desautorizaba sus actividades por considerarlas ‘contraproducentes’. Desde entonces todo fue muy rápido. El 6 de marzo ya había dejado de existir el centro de reclutamiento habilitado en Bushrod Island (Monrovia), donde días atrás centenares de jóvenes liberianos habían recibido información sobre las tareas a desempeñar protegiendo instalaciones norteamericanas en Irak.
Finalmente, el ministro de Información liberiano, Lawrence Bropleh, explicó que míster John K. Mannie, director ejecutivo de C&J, había sido citado por su gobierno para ordenarle el cese de sus actividades. Pero matizó que ‘se trataba de reclutar guardias de seguridad sin fines militares, contra lo dicho en un principio.’ Desde entonces no se volvió a saber más del tal Mannie ni de la Corporación Internacional C&J. Todas sus pistas se han perdido.
Juan Llorente, fotógrafo con quien trabajé comenzando mi andadura en el diario Pueblo, repetía cada mañana ‘Dios mío, dame hoy serios motivos para cabrearme’. Un día le pregunté el por qué de tan extraña oración. ‘La indignación es lo que me mueve a pelear --me dijo-- y no se puede vivir dignamente sin pelear contra la injusticia.’
Sin que me haga falta rezar, cada mañana siento brotar la indignación de la simple lectura de los periódicos. Pero es una indignación ‘oficial’, con los blancos de la justa ira previamente señalados, tras un filtro de intereses determinantes de qué informaciones merecen ser publicadas. Para escoger motivos diferentes y apuntar a dianas ‘protegidas’ hay que esforzarse en la búsqueda. Y recurrir a fuentes alternativas como www.fundacionsur.com donde aparecen informaciones sobre África que son sistemáticamente ignoradas por los grandes medios. Valgan dos ejemplos:
1.- La corporación multinacional farmacéutica Glaxo-Smith-Kline (GSK) ha anunciado una reducción de los precios de sus medicamentos para 34 de los 50 países más empobrecidos del mundo. (Países que incuban en la miseria crónica el 24 por 100 de las enfermedades globales.) La campaña de ‘imagen humanitaria’ de GSK se completa con la promesa de reinvertir el 20 por 100 de los beneficios que obtenga en dichos países en la creación de infraestructuras en naciones subdesarrolladas. ‘Big deal!’, que exclaman irónicamente los ingleses ante tratos sin sentido.
Primero, porque esa ‘rebaja’ enmascara la prohibición de fármacos genéricos cuyas patentes posee GSK. Segundo, porque esos precios continúan resultando impagables para enfermos hundidos en las carencias absolutas de estados arruinados. Tercero, porque quedan excluidos de la lista países como Kenya, pese a sufrir bolsones de miseria colosales. Y cuarto, porque las prometidas infraestructuras no suponen proyectos concretos, ni excluyen obras distintas a las de carácter humanitario.
2.- También dentro de las hondas preocupaciones éticas y el altruismo que caracterizan a la industria farmacéutica según sus departamentos de propaganda, se enmarca el acuerdo alcanzado por la multinacional Pfizzer con el estado nigeriano de Kano. Su firma en Roma, tras la mediación oficiada por Jimmy Carter, pone fin al largo litigio por unos experimentos ilegales --que recuerdan la trama siniestra de ‘El jardinero fiel’-- realizados por Pfizzer con 220 niños de ese rincón africano. Algunos murieron y muchos otros quedaron deformados. La compañía farmacéutica, a cambio de echar tierra encima del asunto, ha aceptado pagar 75 millones de dólares. De ellos, 30 al estado de Kano, 10 para gastos procesales y 35 a las familias de las víctimas... Una cifra miserable en la multimillonaria contabilidad de la corporación que se ha hecho de oro gracias a la comercialización de Viagra.
No se qué habrá sido del maestro Juan Llorente. Confío en que siga encontrando cada día motivos nuevos para cabrearse.
Seguro que la inagotable sabiduría popular, cuyos dichos convierten las realidades recurrentes en proverbiales, no tardará en acuñar alguna frase sobre la falta de sensibilidad --por no escribir de humanidad-- de la nueva clase política española. Y es que nuestros representantes democráticos no pierden ocasión de demostrar que tienen el alma tan dura como los rinocerontes la epidermis. Durante los últimos días sobran ejemplos que los retratan.
Tras la despiadada reforma en ciernes de la Ley de Extranjería, considerando a la solidaridad como un delito, el Senado ha elevado aún más el listón de la ignominia política. Por 233 votos en contra y 10 abstenciones, una mayoría tan inmensa como contra natura, derrotó a la reducida minoría que con sólo 10 votos respaldó una propuesta de reforma de Ley de Memoria Histórica para que el Estado asumiera las exhumaciones de restos humanos en las fosas clandestinas de la represión franquista. Esos 240 bienpagados senadores --la mayoría de cuyas identidades no recuerdan o no conocen sus propios electores-- votaron disciplinadamente lo que les ordenaron los dirigentes partidarios que piensan y sienten por ellos. El ponente, Pere Sampol, preguntó retóricamente desde la tribuna ‘¿qué grado de crueldad hay que tener para negar a los familiares de gente inocente el recuperar sus cuerpos?’ Nadie le respondió. Tampoco hacía falta.
¿Y qué decir del lamentable espectáculo dado en el quinto aniversario del 11-M por el Gobierno de España, la leal oposición parlamentaria y el Ayuntamiento de Madrid? En el Telediario, el padre de uno de los fallecidos en aquel atentado que aún nos tiene sobrecogidos, se lamentaba de que los familiares y amigos de los muertos hubieran sido desalojados del monumento a las víctimas, para que un menguado pelotón de ‘políticos de guardia’ realizara un homenaje oficial. Quienes sentían el dolor más profundo hubieron de esperar fuera, para no molestar al desarrollo del ceremonial que protagonizaron el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y la todavía titular de la cartera de Fomento, Magdalena Álvarez. (Cuyos despropósitos han conseguido que su figura política me deslumbre casi tanto como fascinaba a Manolo Vázquez Montalbán el patetismo de Julio Rodríguez, aquel ministro ‘por error’ del dictador Franco que propuso sin alterarse la venta de un cuadro del Prado para pagar la instalación de aire acondicionado en el Museo.)
Dijo Mariano Rajoy en RNE que ‘no tenía la sensación de conocer’ a Francisco Correa, principal implicado del ‘caso Gürtel’. Tampoco yo tengo la sensación de conocer a ‘mis representantes democráticos’ entre una numerosa patulea de profesionales del parlamentarismo. No son mis intereses ni mucho menos mis inquietudes lo que defienden esos tipos tan impúdicamente soberbios como carentes de valores humanos.
¿Nos merecemos esto?
‘Me negaré a acatar una ley que es una aberración y supone una regresión en la ética ciudadana’, declara mi amigo Javier Baeza --cura en la iglesia vallecana de San Carlos Borromeo-- en el diario ‘Público’. Javi da la cara y admite tener acogidos en su hogar a cinco inmigrantes sin recursos, uno de los cuales carece de papeles. La caerán 10.000 euros de multa si prospera sin enmiendas esa maldita reforma a la Ley de Extranjería que tiene lista el gobierno socialista (¡!).
Durante los últimos días ha nacido y crecido una plataforma llamada ‘Salvemos la Solidaridad’ para oponerse a la criminalización de quienes ayudan a quienes permanecen en la indefensión más absoluta, por vivir en un limbo legal. Más de dos mil personas se agrupan en esa reacción ciudadana contra una ley despiadada, entre ellas algún fiscal y catedráticos de Derecho.
La multa contra quienes ayuden a un inmigrante irregular ‘es exactamente igual a la prevista para los empresarios que no den de alta al trabajador extranjero en el Régimen de la Seguridad Social o que cometan irregularidades en el contrato de trabajo --escribe Soledad Gallego-Díaz en ‘El País’-- ‘es decir, se piensa que merecen igual castigo quienes intenten ayudar a un extranjero, pagándole la comida o la vivienda sin sacar provecho económico alguno, que quien se aprovecha de él y le explota.’
Ello da a la ley en cuestión un carácter amoral, que convierte en legítimo objetarla y desobedecerla. Pero no solo retrata la catadura de los juristas que la han redactado y de los legisladores que la aprobarán, sino también su incapacidad en materia de derechos. Porque, como apunta la ONG ‘Red Acoge’, no es lícito multar a quien presta ayuda solidaria a alguien que ha cometido una infracción de manera posterior a los hechos perseguibles y sin haber actuado como cómplice en los mismos.
El manifiesto de ‘Salvemos la Solidaridad’ (www.dosorillas.org/spip.php?article1833), señala que el conjunto de nuestros representantes políticos y el propio Estado ‘pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los derechos Humanos.’
A todo esto, el Pleno del Congreso discutirá el martes 10 una proposición no de ley (presentada por Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya) para reducir el castigo previsto contra la venta en el ‘top manta’, que actualmente llega a dos años de cárcel. ‘No tiene lógica --dice el texto a debate-- que el ofrecimiento en venta de unos DVD tenga una pena que puede ser incluso superior a la de un robo con violencia o intimidación, o a la de algunos delitos de lesiones.’
No hay propuesta alguna de ley, por el momento, para limitar el enriquecimiento abusivo de los gestores económicos. Ni tampoco para exigir la reinversión de las ganancias empresariales desmesuradas. ¿Servirá de algo reproducir aquí las cifras de beneficios, salarios, primas, etcétera, cobradas por algunos insignes prebostes del sector financiero que este fin de semana han sido aireadas por distintos periódicos? Algunos ejemplos de 2008: Francisco González, presidente del BBVA recibió casi dos millones de retribución fija, casi cuatro de paga variable y más de dos millones en acciones, mientras la provisión para su pensión aumentó en 11,22 millones; Antoni Brufau, presidente de Repsol, cobró 6,7 millones; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, tras llevarse unos salarios de seis millones y medio, les sumó una gratificación especial de más de diez millones... Arcadas de dinero para personajes que provocan arcadas fisiológicas.
Si las cosas resultan como apuntan, tendré que visitar a algunos amigos en la cárcel y ahorrar para ayudarles a pagar los multazos que les esperan. Porque tengo varios viejos amigos y unos cuantos buenos conocidos que están firmemente decididos a incumplir leyes y ordenanzas de nuevo cuño. Bastará con que continúen viviendo como hasta ahora viven para que puedan considerarse serios candidatos a la persecución policial, primero, al castigo administrativo después y, finalmente, a la condena judicial si reinciden además de no pagar las sanciones.
No voy a publicar sus nombres para no dar pistas. Diré tan solo cuales son las actividades a las que no están dispuestos a renunciar. El que más me preocupa es sacerdote. Un ‘curita de pobres’, en una barriada madrileña de marginalidad ya antigua y con viejos sueños de rebeldía. Mi amigo tiene acogidos en su propio hogar --un pequeño y humilde piso-- a varios jóvenes que ha recogido de las calles. Y su iglesia sirve de refugio tanto a inmigrantes sin papeles como a españoles sin fortuna. Él nunca pregunta de dónde vienen ni qué han hecho quienes necesitan gestos de apoyo y palabras de consuelo. En el futuro su amor por los demás será considerado como ‘infracción grave’, cuando se apruebe el anteproyecto ‘socialista’ (¡!) de reforma de la Ley de Extranjería. Entonces podrá ser acusado de ‘promover la permanencia irregular en España’ de extranjeros sin papeles. No faltarán evidencias de contumacia en su actitud y podrán caerle 10.000 euros de sanción.
¿Y qué decir de mis amigos de Karibú? Porque esta ONG madrileña --como otras en distintas partes de España-- se dedica a ayudar a los numerosos inmigrantes que nuestra democrática administración abandona a su suerte y, al no ser capaz de ejecutar las órdenes de expulsión que pesan sobre ellos, los condena a vagar sin posibilidad de ganarse la vida al carecer de papeles.
Uno de mis ‘buenos conocidos’ acechado por otro nuevo ‘peligro legal’ un nigeriano que, vestido con extrema pulcritud, vende ‘La farola’ en la puerta del supermercado donde hago la compra. Siempre guardo un euro para él y a veces compartimos un rato de charla. En ocasiones lo he visto rebuscando en los enormes cubos de basura del centro comercial. Una ‘cristiana’ (¡!) concejala del PP llamada Ana Botella --cuyo mayor mérito político consiste en estar casada con aquel tipo bigotudo que se hizo varias fotos con Bush y nos metió en una guerra-- dice que eso es ‘antihigiénico’. (No el compartir dormitorio con Aznar, sino el hurgar en la basura) Y para impedirlo anuncia unas multas de 700 euros a quienes traten de encontrar algo aprovechable entre los desperdicios.
¡Dios nos libre de cristianos tan piadosos y de socialistas tan despiadados! Lo único que se me ocurre escribir en su descargo es que ni unos ni otros comprenden lo que supone carecer de papeles ni tener que ingeniárselas para encontrar algo que comer.
