Con los pobres de la Tierra

Los 10.000 niños que robó Franco

El secuestro de medio millar de hijos de presas políticas, cometido durante la dictadura del general Videla, ha sido objeto de numerosos reportajes y libros. Se puede asegurar que el mundo entero está informado de aquel crimen de lesa humanidad, por el cual todavía están siendo juzgados algunos centuriones argentinos. Sin embargo resulta mucho menos conocido que lo mismo ocurrió en España, durante los primeros años de la posguerra. La diferencia es que aquí el delito fue ‘argumentado’ ideológicamente, que lo ‘legalizó’ una normativa oficial, y que hubo una cifra de víctimas mucho mayor. Pero, aunque algunos historiadores hablen de unos 10.000 niños desaparecidos, el silencio y la impunidad se han mantenido más de sesenta años.

Durante una larga sobremesa en casa de Baltasar Garzón, conversando sobre los imprescriptibles crímenes que reflejó en su frustrado auto contra el franquismo, Eduardo Galeano mostraba su asombro al oírnos hablar de ‘miles de niños arrebatados a sus madres en las cárceles’. Porque en el Cono Sur siempre se cita como modelo de barbarie de sus dictaduras el decreto nazi de noche y niebla, pero la metodología de los militares argentinos y uruguayos tiene un antecedente mucho más próximo en la posguerra española.

Garzón citó algunos datos expuestos por el historiador Ricard Vinyes: a comienzos de los años cuarenta, cuando en España había 280.000 presos políticos, los hijos de las prisioneras no eran inscritos en los libros de registro. No quedaban huellas de su origen y, además, una ley permitía cambiar los apellidos de las criaturas de personas desafectas al Régimen. Recordamos que Vinyes había explicado que ‘cuando una presa política estaba embarazada se aguardaba a que pariera y, al cabo de 48 horas, se la fusilaba; entonces, su niño era enviado a los hospicios de Auxilio Social o a centros religiosos donde se perdía definitivamente su rastro.’

La doctrina del horror quedó ‘científicamente’ formulada por el psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera, cuyas tesis prestaron la imprescindible cobertura ideológico-moral a los verdugos: la mujer es un sujeto tendente al mal, característica inherente que se agrava con su participación activa en política; por lo tanto, para salvar a los hijos de las prisioneras --como parte de la salvación de España-- había que separarlos de ellas.

Algunas de aquellas criaturas robadas aparecerían veinte años después de la muerte del dictador. Dos fueron entrevistadas en Informe Semanal: Carmen Pino y Antonia Rada, víctimas y testigos del viejo horror franquista. De un horror sobre el que todavía no se puede hacer justicia. Al contrario, pretender el esclarecimiento de aquellos hechos históricos puede constituir un delito de prevaricación, según apunta el Tribunal Supremo, que acusa a Garzón de ignorar la ley de Amnistía. Una ley cuyos efectos de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad deberían de ser anulados, a la luz de la jurisprudencia internacional. Y por un elemental imperativo ético.

La muerte de monseñor Romero sigue impune

Treinta años después de cometido, el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero continúa sin ser oficialmente esclarecido y sin que sus autores rindan cuentas ante la Justicia. Mauricio Funes, el primer presidente de izquierdas de El Salvador, tras rendir homenaje a la figura del obispo, ha negado la posibilidad de abolir la amnistía que impide castigar a sus verdugos. Como periodista, Funes defendió ardorosamente la necesidad política y moral de derogar aquella vergonzante ley de impunidad. Pero como presidente no se ha atrevido a afrontar las consecuencias de que la Justicia alcanzara a centenares de civiles y militares, que actuaron como sicarios de la dictadura y aún permanecen en puestos de poder.

La guerra civil que devastó El Salvador entre 1979 y 1991, causó 75.000 muertos, la mayoría víctimas de la represión militar. Una Comisión auspiciada por la ONU investigó la organización del aparato represivo. Pero cinco días después de su publicación en 1993, se promulgó una amnistía para impedir que fueran castigados quienes se encargaron de exterminar a los enemigos de la dictadura. No sólo sembraron la muerte entre una izquierda alzada en armas, sino que la extendieron a los dirigentes del movimiento cívico y a cuantas voces denunciaban que la riqueza del país se encontraba en poder de 14 familias, cinco de ellas propietarias del 80 por 100 de las tierras cultivables. La Iglesia católica había tomado el partido de los empobrecidos. Y monseñor Romero fue abatido a tiros poco después de haber dirigido a los centuriones un mensaje histórico: ‘les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡cesen la represión!’

-- ‘Mientras la Iglesia estuvo aliada con el poder en una relación de trono y altar, recibió un trato privilegiado --explicó el teólogo Juan José Tamayo en Informe Semanal-- pero cuando cambió de bando social sufrió persecución. Primero fue asesinado el padre Rutilio Grande; después mataron a un grupo de monjas norteamericanas y, el 16 de noviembre de 1989, a los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) que dirigía Ignacio Ellacuría.

Desautorizado y desamparado por el Vaticano, el obispo Romero fue asesinado por orden del mayor Roberto D’Abuisson, señalado como principal responsable de los escuadrones de la muerte. Fundador del partido derechista ARENA, D’Abuisson llegó a presidir la asamblea constituyente salvadoreña en 1983 y murió en 1992 sin responder de sus crímenes. (El jesuita Jon Sobrino me mostró una fotografía tremenda, que se conserva en el museo de la UCA, del apretón de manos de D’Abuisson y el Papa polaco cuando éste visitó El Salvador.) De la logística del asesinato de monseñor Romero se encargó el capitán Alvaro Rafael Saravia, con quien mantuve una larga conversación telefónica hace pocos meses. Nunca reveló la identidad del autor material de la muerte y vive, exiliado y oculto, temeroso de que aún quieran cerrarle la boca a balazos.

Imposible olvidar Haití

Pese a la solidaridad internacional y a los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, la realidad de Haití no permite el optimismo. Un equipo de Informe Semanal ha podido comprobar que el reparto de la ayuda se efectúa de modo desigual y que muchos campos de damnificados por el terremoto continúan sumidos en un caos organizativo. Los balances que presenta Naciones Unidas no dejan lugar a dudas: únicamente 525.000 personas --es decir, algo menos del 41 por 100 del 1.300.000 desplazados que se hacinan en 900 campamentos-- reciben apoyo suficiente para sobrevivir con una mínima dignidad.

Sólo se han distribuido 120.000 tiendas de campaña y la mayoría de los damnificados dispone de cobijos muy precarios, improvisados con palos y plásticos. La ONU proyecta desalojar los asentamientos improvisados y reunir a sus habitantes en cinco grandes centros de acogida en la periferia de la capital. Una difícil tarea que se anuncia preñada de tensiones. Y en el horizonte se dibujan dos graves amenazas: la inminente época de lluvias y, en agosto, la temporada de los huracanes. Ambas pueden tener efectos devastadores sobre la fragilidad de los campamentos.

Los niños, que siempre constituyen el grupo social más frágil, son quienes más profundamente sufren las consecuencias del desastre. Más de 600.000 han tenido que abandonar los estudios, aunque en los campos de desplazados se intente improvisar actividades docentes. Los casos de desnutrición han aumentado entre una población infantil que, desde antes del terremoto, sufría los efectos de la miseria: siete de cada diez niños estaban privados de lo esencial, una tercera parte crecía sin vacunar, y un seis por 100 no superaba el primer año de vida.

El terremoto agravó una situación social que ya era insostenible, con tres millones de hambrientos crónicos y más de 300.000 familias en situación de pobreza extrema. El débil estado haitiano se ha desplomado. El centro histórico de Puerto Príncipe, reducido a escombros, representa una alegoría histórica. Las ruinas del palacio presidencial, vacías de poder y custodiadas por tropas extranjeras, parecen un símbolo de la situación política. La montaña de cascotes del ministerio de economía ofrece la mejor imagen del cadáver de la administración pública. Y en el Campo de Marte las estatuas de los viejos próceres que soñaron la primera revolución americana han quedado ocultos entre un aluvión de desamparados.

También resulta simbólico que la sede provisional del gobierno se haya instalado en una comisaría de policía, pegada al aeropuerto. Dicen los haitianos, con su amargo sentido del humor, que habría sido más adecuado colocarla en la sala de cuidados intensivos de un hospital, ya que se trata de un gobierno en estado de shock traumático, incapaz de responder a los estímulos más fuertes, y suplantado en todas sus funciones por las fuerzas militares extranjeras y por las ONG.

Desaparecido en estado, ¿quién gestiona la convalecencia de Haití? La misión de Naciones Unidas no ha dado precisamente lecciones de rigor y eficacia en la gestión durante el mucho tiempo que lleva en el atormentado país caribeño. Washington ha comenzado a retirar sus soldados, que van a reducirse de 20.000 a 8.000. Y la clase dirigente haitiana aparece retratada por las estadísticas como una de las minorías dominantes más corruptas del mundo: un cuatro por 100 de privilegiados que detenta el 64 por 100 de la riqueza nacional en un país donde la anemia es endémica y más de la mitad de la población sobrevive con menos de un dólar diario.

Así las cosas, los destinos inmediatos de los damnificados por el terremoto aparecen en manos de las grandes agencias humanitarias internacionales y de un batallón de ONG. La coordinación de sus tareas aún deja mucho que desear, pero su gestión de los recursos aportados por la solidaridad de las buenas gentes de todo el mundo ofrece la única esperanza real a los desamparados. Por eso no podemos olvidarnos de Haití.

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CARITAS RECTIFICA

Caritas Madrid ha devuelto a la iglesia vallecana de San Carlos Borromeo la gestión de fondos de ayuda --las llamadas hojas de caridad, que suponen la entrega de un máximo de 900 euros anuales a las familias más necesitadas del barrio-- cuya retirada dio lugar en enero a una áspera polémica entre la amplia base social de la organización católica. Tras una intervención del cardenal Rouco Varela, el sentido cristiano se impuso sobre las rencillas. En este blog y en mi sección de Asuntos Propios en RNE se debatió aquella mala noticia. Es justo reconocer la rectificación de Caritas. Y me alegra poder hacerlo.